Aquí en confianza…

Entre selecciones y consultas

La oprobiosa frase pronunciada por Porfirio Muñoz Ledo no pudo explicar de mejor forma el contexto en el que se colocó al país el fin de semana pasado: “Noche triste de domingo por las derrotas en futbol y democracia que se ganan con goles y con votos…”, sentenció el sempiterno político mexicano, quien actualmente milita en el partido oficial pero ha portado en la solapa de su saco cualquier cantidad de emblemas distintos. 

Ciertamente, el descalabro del seleccionado mexicano de futbol en la más reciente edición de  la Copa Oro rasgó profundamente el sentimiento patrio y cayó como balde de agua fría en las mentes y corazones de los millones de connacionales que gustamos del deporte de las patadas. Así, la oncena comandada por el ex volante ofensivo de buenas hechuras, Gerardo “El Tata” Martino, se vio superada por un combinado norteamericano que ni siquiera se presentó al encuentro final con sus grandes figuras. Si bien, el periodo reglamentario no fue suficiente para que las escuadras se hicieran daño, los tiempos extras permitieron la llegada de un dramático gol gestado en los botines de Miles Robinson, ante la mala salida del jugador del Ajax  de Ámsterdam, Edson Álvarez. 

Mal y de malas el representativo nacional que llegó al  mencionado cotejo habiendo recibido un solo gol a lo largo del certamen. Atrás quedaron los tiempos en los que ser primero entre los equipos de la CONCACAF era una misión obligada. Además, caer contra los Estados Unidos abona una buena cantidad de sal para poner sobre la herida.

Pero los sinsabores nacionales no solo se dibujaron en el plano deportivo; la escena política también dio de que hablar. Precisamente el día de la debacle futbolera, se llevó a cabo la cacareada consulta ciudadana en la que se le pediría al pueblo bueno y sabio su parecer para investigar y juzgar a los actores políticos por hechos del pasado (cualquier cosa que eso signifique). 

Al respecto, la nota distintiva fue la muy escasa participación del respetable. Tan solo cerca del 7 por ciento de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral se dieron cita para emitir su opinión sobre la complicada pregunta que se puso a consideración. En esta patria chica la asistencia fue aún más reducida; apenas el 5 por ciento de los convocados hizo acto de presencia. Lo anterior, sin contar los casos en los que los mismos funcionarios de las mesas receptoras se hicieron cargo de llenar las boletas sin recato alguno, lo cual fue documentado en sendos videos que circulan  en las benditas redes sociales. 

Como era de esperarse, los resultados fueron celebrados por el mandatario nacional, quien aseguró que la poca participación fue culpa del árbitro electoral por no haber ofrecido las condiciones necesarias para el éxito del ejercicio. A tal grado llegó la fiereza de las aseveraciones que ahora mismo se pide la cabeza de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a los que se les ha amenazado con un juicio político en su contra. 

Sin embargo, más allá del hecho de que el principal promotor de la encuesta no participó en ella; de la ambigua pregunta que fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del derroche de recursos económicos para la obtención de una opinión pública que ni siquiera es vinculante, pues la participación mínima para tal efecto estuvo lejos (lejísimos) de alcanzarse, debemos reconocer que todo el tiempo estuvimos ante a un ensayo de movilización de los simpatizantes del inquilino de Palacio Nacional previo a la consulta para la revocación del mandato o cualquier elección venidera, en cuyo caso,  la presencia de casi 7 millones de electores no debe considerarse cosa menor. Pero además, las resultas del pasado domingo posibilitan la continuidad de la campaña de desprestigio y debilitamiento que se ha emprendido en contra del INE y sus consejeros, la cual – a decir de los enterados – resulta benéfica para las huestes del régimen cuatritransformado.

Aquí en confianza, pese a los magros efectos de la encuesta popular, el Presidente de los mexicanos declaró que sus antecesores no deben confiarse, pues en cualquier momento se pudiera actuar en contra de ellos. No le falta razón al gobernante, pues de existir los elementos necesarios, la autoridad debe hacer valer la ley con independencia de la opinión del pueblo; pero entonces, si esa es la postura oficial, ¿para que llevar a cabo una costosa consulta? La respuesta la encuentra Usted, amable y única lectora, en el párrafo anterior. Por lo pronto, aún resuena la voz del Ministro Laynez Potisek (por cierto, torreonense él) cuando al sostener la inconstitucionalidad del ejercicio propuesto, aseguró: “La justicia no se consulta. Los jueces no son nombrados para ganar popularidad”.  Ahí se los dejo para la reflexión.