La cuestionada reforma en ciernes
Escribió el doctor Salvador Valencia Carmona que toda Constitución aspira, en principio, a ser una obra perdurable. No le faltó razón al académico veracruzano; la estabilidad es un concepto que ha llegado a considerarse como uno de los elementos principales en cualquier texto fundamental; sin embargo, no puede atarse la voluntad popular para siempre y el documento fundatorio debe ser revisado constantemente para adecuarse a las condiciones actuales. De ahí que el constituyente de Querétaro de 1917 haya recogido el principio de rigidez constitucional para incorporarlo a la Carta Magna (artículo 135). Por supuesto, en nuestro sistema es posible reformar o adicionar las disposiciones constitucionales pero, para hacerlo, es necesario acudir a un órgano especial y a un mecanismo distinto al procedimiento legislativo ordinario. Más allá de la convicción generalizada de que nuestra Constitución ya ha sufrido demasiadas enmiendas (más de 741), lo cierto es que las modificaciones, cuando tienen por objeto la modernización del marco normativo en beneficio de la población, no deben ser cuestionadas de manera gratuita. El problema viene, en todo caso, cuando se acude al proceso reformador atendiendo a intereses ajenos a los de la colectividad o en la búsqueda de soluciones inmediatistas y circunstanciales.
Lo anterior viene a cuenta gracias a la ultima de las iniciativas de alteración al texto constitucional promovida por el inquilino del “austero” Palacio Nacional. Desde el inicio de su mandato, el Presidente había amagado con echar por tierra la reforma energética impulsada por su antecesor, para lo cual, el sector eléctrico no podía quedar fuera de sus afanes.
Si usted, amable y única lectora, piensa que la propuesta de marras pretende que las y los mexicanos podamos acceder a servicios de energía eléctrica de calidad y a bajo costo, al tiempo que se privilegia el cuidado al medio ambiente mediante la producción y uso de energías limpias, lamento informarle que está completamente equivocada.
Los cambios puestos sobre la mesa tienen como principal propósito la estatización de la industria eléctrica utilizando como bandera la “soberanía energética” (cualquier cosa que eso signifique). Básicamente, la iniciativa plantea que la CFE produzca al menos 54 por ciento de la energía eléctrica del país, mientras que el 46 por ciento restante podrá adquirirla de productores privados, pero estos solo estarían autorizados para vender a la misma CFE. Con ello, se asegura un monopolio energético que – a decir de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial – consumaría una expropiación de facto de mies de millones de dólares de inversión privada. Esto, sin contar con la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía; además del retroceso medioambiental que acarrea la mentada reforma, pues la mayor parte de la electricidad deberá generarse en plantas altamente contaminantes que funcionan a través de combustibles fósiles.
¿Por qué entonces plantear una iniciativa de tan graves consecuencias? La respuesta parece sencilla: la CFE requiere urgentemente viabilidad financiera y la forma de hacerse de dinero es eliminando la competencia privada. El colapso económico se antoja ineludible y tres botones bastan de muestra.
- En 2020, la todavía empresa productiva del Estado reportó pérdidas por casi 80 mil millones de pesos a la BMV, siendo este el primer balance negativo en cinco años; lo anterior, sugiere una necesaria reingeniería para la captación de recursos en poco tiempo.
- En 2019 el mandatario nacional se comprometió con los trabajadores afiliados a la SUTERM a mejorar sustancialmente sus condiciones laborales. Luego, ante el incumplimiento a lo prometido, el mencionado sindicato le metió presión al asunto y logró que se modificara el régimen de jubilación, siendo el principal cambio una reducción de 10 años para el retiro laboral. Así, en 2022 y por primera vez en la historia, la CFE destinará más recursos al pago de jubilaciones que a la inversión en infraestructura.
- En el 2020, la cartera vencida de la empresa registró un incremento de 20 por ciento con relación al año anterior y alcanzó un máximo histórico de 64 mil millones de pesos; dicho de otra forma, además de ofrecer un servicio que deja mucho que desear, la CFE no cobra adecuadamente lo que se le debe (ya se imaginará en que entidad se concentran los mayores adeudos).
Aquí en confianza, las reformas constitucionales son necesarias, incluso inevitables en cualquier estado de derecho; lo que no debe permitirse es acudir al sentimiento patrio y a una malentendida concepción de la soberanía para justificar los cambios propuestos. Así, por más que el gobernante en turno pretenda defender la modificación planteada, en algún momento habrá de reconocerse que la iniciativa encuentra su motivo en la debacle económica que experimenta la CFE. Sin duda, a esta telenovela aún le faltan varios episodios para su desenlace. Al tiempo.