El nuevo blindaje a las obras prioritarias
Debemos reconocer que quien dirige los destinos de la nación ha sido consistente en la promoción, defensa y protección de sus proyectos emblemáticos. ¿Qué el Cerro de Paula dificulta la aeronavegabilidad en el Aeropuerto de Santa Lucía y el terreno donde se edifica es un cementerio de mamuts?, ¡el proyecto va! ¿Qué las intensas lluvias en Tabasco han inundado el sitio donde se construye la refinería de Dos Bocas en cinco ocasiones?, ¡adelante con la construcción! ¿Qué el Tren Maya puede derivar en la deforestación de más de dos mil quinientas hectáreas de selva?, ¡se termina por que se termina! ¿Qué prácticamente todas las obras de la actual administración presentan un significativo sobrecosto?, ¡para eso está el presupuesto y los diputados que lo avalan!
No es ningún secreto; pese a cualquier eventualidad, las obras insignia serán inauguradas más temprano que tarde. Sin embargo, la planeación, contratación y ejecución de los mentados proyectos han generado recurrentes controversias.
La periodista Isabella González se dio a la tarea de analizar a detalle nada menos que 966 contratos otorgados por el Ejercito Mexicano para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. En un reportaje de Latinus, la investigadora reveló que siete de cada diez contratos fueron otorgados por adjudicación directa y los tres restantes, mediante el mecanismo de invitación restringida a tres proveedores; es decir, en ninguno de los contratos revisados hubo licitación pública. Igualmente, el informe detalla que en la construcción de la base aérea participan empresas fantasma y compañías investigadas por desvío de recursos.
A pocos días de las mencionadas revelaciones, el Presidente de México emitió un acuerdo por el que se declaran de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del gobierno federal. Además, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública para otorgar en forma provisional y “fast track” (en un plazo máximo de 5 días) todo tipo de permisos, licencias y dictámenes necesarios para el inicio o continuación de las obras y con ello – según reza el documento de marras – garantizar su ejecución oportuna. Incluso, si la autoridad competente no emite el permiso provisional en el plazo fijado para ello, entonces se entenderá que la solicitud se resolvió en sentido positivo; dicho de otra forma, los trabajos se llevarán a cabo con o sin permiso, siempre y cuando haya una solicitud.
Lo que no se dijo es que la determinación tomada por el titular del Ejecutivo debe leerse entrelíneas para esclarecer lo que – según no pocos – es su verdadero propósito. Me explico: al decretarse que los proyectos y obras prioritarias son de interés público y seguridad nacional se compromete el acceso a la información respecto los proyectos así calificados, sus contratos, los gastos realizados y todo lo relacionado con la ejecución de la obra. Al respecto, los artículos 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica establecen que la información que en principio debe ser pública, podrá ser clasificada como reservada (y por lo tanto no accesible a cualquier persona) precisamente por razones de interés público o seguridad nacional. Ahora bien, no obstante que en cualquier parte del mundo las obras que se realizan con el dinero público deben someterse a un proceso de autorización para determinar su beneficio y viabilidad, en mi México “dioro” los trámites burocráticos deberán acelerarse con tal de que las edificaciones puedan ser entregadas con bombo y platillo lo más pronto posible. Así por ejemplo, la continuación del Tren Maya en su tramo cuatro, la ampliación del tren suburbano de la estación Lechería al Aeropuerto de Santa Lucía o el arranque de la obra del aeropuerto de Tulum, podrán ver la luz sin necesidad de esperar las manifestaciones de impacto ambiental que se habían gestionado con anterioridad; total, son obras estratégicas de acuerdo a lo manifestado por gobernante en turno y por lo tanto, la engorrosa tramitología puede excusarse.
Aquí en confianza, aunque el Ejercito Mexicano haya sido convertido en una enorme empresa constructora y el gobierno federal decidió blindar los proyectos y obras prioritarias mediante un acuerdo ejecutivo de apenas tres artículos, pero de importantes consecuencias jurídicas, el asunto – según el presidente y sus huestes – ya quedo totalmente aclarado. Frente a los incesantes cuestionamientos en relación al sorpresivo documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el principal inquilino de Palacio Nacional acudió a la “vieja confiable” y para justificar su actuar se refirió nuevamente a sus adversarios: “Suponen que es de mala fe, que es para ocultar información, esa cosa es la hipocresía… no somos iguales y eso es lo que les molesta mucho, porque durante el periodo neoliberal robaron mucho y ahora no pueden”, afirmó el experimentado político macusapano.
Debo confesarlo; ante la explicación presidencial este improvisado columnista se quedó en las mismas. Al tiempo.