En medio del debate sobre la eliminación del tipo penal de feminicidio impulsada – a decir de legisladores federales – desde la Fiscalía General de la República, se han producido lamentables hechos que conmocionaron al país entero. Es cierto, el Fiscal Alejandro Gertz Manero se ha dado a la tarea de aclarar sus propósitos y, al respecto, ha hecho del conocimiento público que los procesos para investigar y sancionar la referida conducta delictiva “complican inútilmente su judicialización”. Se trata entonces – según lo dicho por el Fiscal – de facilitar la labor de los agentes del Ministerio Público, a fin de que éstos puedan acreditar de forma más sencilla los elementos del homicidio en contra de una mujer; esto, “para proteger a las víctimas y darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad”.
Más allá de los afanes reformistas en torno al Código Penal, no debe olvidarse que el año que antecede fue calificado como el más violento en la historia reciente de México. Si bien, de los más de 34 mil homicidios registrados en este territorio durante el 2019, casi el 90 por ciento fueron perpetrados en contra de hombres, los asesinatos de mujeres laceran profundamente a la sociedad. De acuerdo al mapa nacional de los feminicidios creado por la activista María Salguero, tan solo en el año que recién terminó, 3,825 mujeres murieron violentamente en México; 318 al mes; 10 cada día. Ellas eran hijas, madres, esposas o hermanas; hoy ya no están entre nosotros para contarnos toda la verdad.
Cuando la violencia escala hasta la cúspide del odio, la muerte no distingue el entono ni las clases sociales.
Abril fue asesinada a tiros el pasado mes de noviembre; sus hijos adolecentes viajaban en el asiento trasero del vehículo donde fue ultimada. Once meses antes había denunciado al que fuera su esposo por intento de homicidio, pero el delito fue reclasificado a lesiones. Ella ya no vivía en la CDMX; ante los hechos que pusieron en riesgo su vida, viajó hasta Monterrey desde donde tramitaba el divorcio y continuaba luchando por la guarda y custodia de sus hijos. Juan Carlos García es el principal sospechoso de la muerte de Abril. Quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como CEO de Amazon en México, huyó a los Estados Unidos, por lo que la INTERPOL emitió una orden de búsqueda y captura.
Ingrid murió a manos de su pareja tras sostener una discusión. Ambos compartían un departamento en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX. Francisco Robledo confesó haber matado y desollado a la joven de 25 años originaria de Puebla. Ella antes había presentado una denuncia por violencia en contra de Francisco, pero sus declaraciones no hicieron eco en las autoridades. Lo que vino después fue igualmente aterrador; las imágenes de la víctima fueron difundidas indiscriminadamente en medios de comunicación tradicionales y redes sociales. La divulgación del material fotográfico aumentó la ira y la indignación pública. Como si morir no fuera suficiente, Ingrid fue revictimizada sin el menor recato.
Apenas ayer, en una modesta vivienda en la Alcaldía de Tláhuac, se velaban los restos de Fátima Cecilia. Un pequeño féretro blanco era el mudo testigo de la incertidumbre y la frustración que enrarecían el ambiente. El desgarrador llanto rompía el silencio de la noche en una de las comunidades más pobres de las Ciudad de México. Sin duda, ella no debía estar ahí; su lugar era la escuela, alguna plaza pública o simplemente su casa. Ella debía estar aprendiendo a leer con mayor fluidez o jugando con aquella muñeca a la que – según algunas imágenes – le gustaba abrazar cariñosamente. Tenía tan solo siete años; alguien inmisericordemente le arranco la vida.
Mucho se ha dicho de la cuestionable labor de las autoridades en este caso; desde los directivos de la escuela que permitieron la salida de la menor a la calle sin que se encontrara su madre para recogerla, hasta el Ministerio Público que indicó a los familiares que debían aguardar 72 horas para que se abriera la investigación. No, ésta vez no voy a referirme a ese aspecto.
Lo he dicho antes y hoy, incluso con mayor énfasis, lo reitero: como sociedad hemos enfermado gravemente. Aquí no se trata de buscar en el gobierno al culpable de tan terrible flagelo ni mucho menos responsabilizar de la tragedia a los modelos económicos anteriores. No es tiempo de analizar el problema desde el punto de vista de los colores y los emblemas partidistas ni debemos aplaudir a los que pretenden dar un sesgo político al asunto. Culpables somos todos. El remedio para este mal no se encuentra en otro lugar que en cada uno de nosotros. De no asumirlo así, estaremos condenados a repetir, una y otra vez, las escalofriantes historias que antes reseñé.
Lo tomé de un muro de Facebook y aquí lo reproduzco: “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima de feminicidio en 2019, los mexicanos callaríamos durante 63 horas”. Simplemente, sin palabras.