Desde el inicio de sus campañas (así, en plural) el hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que su principal compromiso era luchar en contra del monstruo de la corrupción. La sola idea de que se castigara ejemplarmente la deshonestidad en el servicio público arrancó aplausos entre el respetable, al tiempo que caló hondo en aquellos que se sintieron aludidos. El entonces candidato supo capitalizar el hartazgo popular y accedió al poder acompañado de un altísimo bono democrático. Luego, con el propósito de reforzar el encono, había que colocar la etiqueta de corrupto a todo aquello que fuera contrario a los postulados de la autodenominada 4T; así se hizo. La narrativa oficial se encargó de ubicar en el mismo casillero al modelo económico neoliberal, a los partidos opositores, a los gobernantes del pasado y a todo aquel que lanzara críticas lo mismo al timonel de la actual administración federal que al instituto político sobre el cual ejerce su liderazgo moral.
A finales del 2018, el mandatario nacional declaró que sometería a la opinión del pueblo la decisión de presentar ante la justicia a los ex presidentes del país; sin embargo, poco se dijo después. Al arrancar la presente semana, aquella expresión fue retomada en una de las conferencias “mañaneras”. Nuevamente, el inquilino de Palacio Nacional informó que propondrá una consulta ciudadana para preguntar a la sociedad si debe enjuiciarse a los ex jefes del ejecutivo por su desempeño; comentó que el mejor escenario es que los mismos ciudadanos presenten la solicitud correspondiente, aunque no descartó la posibilidad de promoverla él mismo en uso de sus atribuciones e incluso sugirió que el referido ejercicio se llevara a cabo a la par de las elecciones de junio del 2021.
Al respecto, merece la pena hacer algunas precisiones. El artículo 35 de Constitución mexicana (reformado en diciembre de 2019), dispone que uno de los derechos de la ciudadanía es votar en las consultas sobre temas de trascendencia nacional o regional, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República; de la tercera parte de los integrantes de alguna de las Cámaras, o del equivalente al dos porciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Ahora bien, conforme a la disposición en cita, el resultado de este mecanismo será obligatorio siempre y cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta y cinco porciento de los ciudadanos que conforman la antes mencionada lista. Por otro lado, el ejercicio propuesto no podría empatarse con las elecciones – tal como lo sugirió el Presidente – ya que el mismo ordenamiento establece que estos deberán realizarse el primer domingo del mes de agosto. Finalmente, para que la actividad tenga validez se requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia que se pone a consideración popular.
Pese a lo antedicho, el actual régimen ha realizado al menos nueve consultas públicas (sin contar las que se efectuaron a mano alzada) y en ninguna de ellas se observó lo mandatado en legislación aplicable. Tres botones bastan de muestra. Fue precisamente a través de una votación que se determinó cancelar la construcción del NAICM y privilegiar el proyecto de Santa Lucía; entonces participaron poco más de un millón de personas a través de un mecanismo no regulado cuyos resultados tampoco se validaron. Más tarde, en noviembre de 2018, se sometieron al escrutinio los proyectos emblemáticos de la administración (Tren Maya, Dos Bocas, árboles, becas, pensiones, entre otros). Como era de esperarse, el 90 por ciento de los encuestados dieron el sí a los planes gubernamentales; en esa ocasión apenas 925 mil personas acudieron a las mesas receptoras. En marzo pasado, gracias a una consulta en la que se dieron cita menos de 30 mil vecinos de Mexicali, se detuvo la instalación de la empresa Constellations Brands, lo que derivó en serias afectaciones económicas.
Aquí en confianza, creo firmemente en la democracia participativa. John Dewey afirmaba que el cambio continuo en los hábitos sociales solo se produce en la medida en la que los ciudadanos estén más involucrados en el proceso político, siendo la educación un elemento indispensable. Cierto, todos debemos participar en la toma de las decisiones colectivas; sin embargo, la justicia no debe estar sujeta a consulta. Si existen elementos para ejercer acción en contra de un ex gobernante o de cualquier otro funcionario que presuntamente haya cometido hechos constitutivos de un delito, el estado tiene la obligación de actuar en consecuencia y no preguntar a los gobernados si debe o no aplicar la ley.
Escribió el Ministro en retiro José Ramón Cossío: “El Presidente inauguró una nueva forma de justicia. Presenta la acusación, ordena el proceso, induce el sentido de lo observado y anima a la población a sumarse al juicio emitido por él”. Ahí se los dejo para la reflexión.