Ayer nos despertamos con la noticia sobre el reclamo simultaneo que – en un hecho sin precedentes – enderezaron los mandatarios estatales que conforman la llamada Alianza Federalista. El mensaje fue claro y categórico: las entidades de marras romperán con el pacto federal de no ser atendidas sus demandas presupuestales para el año entrante.
En este mismo espacio lo adelantamos; el horno no estaba para bollos y el principal inquilino del Palacio Nacional aprovechó el argumento de la pandemia para dar rienda suelta a sus afanes centralistas y, de paso, para hacer aún mas evidente la injusticia en el reparto de los recursos entre los estados de la República.
La perorata siempre será la misma y no por repetida deja de tener aspectos reales: los dineros que obtiene el estado nunca serán suficientes para cubrir a cabalidad las necesidades de la comunidad. Sin embargo, el contrato que celebra el pueblo con sus gobernantes a través del voto en un proceso democrático, obliga a estos a ejercer una eficiente labor de administración de la cosa pública.
Lo anterior viene a cuento, pues mientras ciertas entidades (las que más aportan al desarrollo económico del país) son castigadas usando como instrumentos de tortura las disposiciones de coordinación fiscal, otros – más vivos – bailan polka, redova y chotis sobre las normas legales, sin que esto les genere consecuencia alguna.
En su discurso, el hijo predilecto de Macuspana y presidente de los mexicanos ha repetido hasta el hartazgo que nadie está por encima de la ley, pero lo cierto es que tales afirmaciones sucumben ante los grupos que han hecho de la toma de casetas de peaje el pan suyo de cada día.
El fenómeno se hace presente en forma cada vez más recurrente y los enterados han decidido bautizarlo como “huachicoleo carretero”. El modo de operación de las referidas organizaciones se antoja bastante sencillo; primero, disfrazados bajo la etiqueta de defensores de alguna causa social (cualquiera que esta sea), los mencionado grupos ocupan ilegalmente los módulos de cobro ubicados en las autopistas, con el supuesto propósito de hacer escuchar sus “justas” exigencias. Luego, ya cómodamente instalados, inician la labor de “boteo”; es decir, ellos mismos cobran la cantidad que corresponde al peaje, misma que debe ser depositada “voluntariamente” por parte de los conductores so pena de impedirles el paso.
A tal grado llega la osadía que en ocasiones los colectivos se turnan para la operación, de manera que acuerdan pacíficamente (a veces no tanto) compartir las ganancias que pueden oscilar entre los 70 mil y 100 mil pesos al día, según el punto que se haya elegido para la provechosa actividad.
Hasta el momento, las entidades que más se han visto afectadas son Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Guerrero y el Edomex. De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, en el año anterior y lo que va del presente se han registrado pérdidas superiores a los 6 mil millones de pesos (el equivalente a unos tres aviones presidenciales como el que se rifó pero que sigue a la venta); dinero que bien podría destinarse para la realización de obras, programas sociales y adquisición de insumos de salud.
Se estima que actualmente en el país operan por lo menos cien organizaciones de este tipo, en tanto que diariamente son tomadas alrededor de veinte casetas de cobro a lo largo y ancho del país. Hay quienes afirman que tales grupos han aumentado significativamente su activismo y son cada vez más violentos, sin que las gestiones del gobierno federal hayan sido lo suficientemente contundentes como para – al menos – contener su propagación. La inacción de la autoridad frente a los hechos antes narrados no solo genera una terrible impunidad sino además la irreparable pérdida de recursos, ahora más necesarios que nunca.
Aquí en confianza, en lo que parece ser la tierra de nadie, la reacción oficial frente al “huachicoleo carretero” no ha sido la misma que la mostrada ante el robo de hidrocarburos. Si bien, en uno y otro caso, el valor del menoscabo económico no es siquiera comparable, tratándose de la ordeña a los ductos de Pemex el gobierno inicio una cruzada que derivó en el peor desabasto de gasolina del que se tenga memoria, en la adquisición de 612 pipas bajo el esquema de adjudicación directa en la que se erogaron 1700 millones de pesos y en la supuesta contratación de choferes que ganarían más que un médico especialista; sin embargo, respecto a la ocupación ilegal y “boteo” en las casetas de peaje solo se han implementado algunas acciones preventivas, mientras que las más de 1500 denuncias presentadas aún siguen durmiendo el sueño de los justos.
Si conforme la arenga presidencial, en México la impunidad ya no existe, entonces valdría la pena que la autoridad responsable redoblara sus esfuerzos para acabar de una vez por todas con este “robo en despoblado” (nunca mejor aplicado el término). Ahí se los dejo para la reflexión.