Aquí en confianza: ¡Que alguien me explique!

En esta bendita tierra pasa de todo. En el ir y venir de noticias respecto a la actividad gubernamental observamos con relativa normalidad la rifa de un avión sin avión; el inicio de jornadas de vacunación sin vacunas y hasta el ahorro por la cancelación de un proyecto de infraestructura sin ahorro. 

Tal como se adelantó, la idea de enterrar una obra tildada de faraónica resultaría altamente gravosa en términos económicos y, efectivamente, como dicen por mis rumbos, “salió mas caro el caldo que las albóndigas”. Lo anterior se daba por descontado e, incluso, hubo quienes se aventuraron a hacer cálculos para determinar el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México; hasta el ex candidato presidencial, José Antonio Meade, hizo lo propio apoyado con una servilleta, lo que valió para que el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes lanzara un ácido twitt calificando el hecho como “las cuentas alegres de un hombre triste”; sin embargo, a quien alguna vez suspiro por la “silla grande” de Palacio Nacional, no le faltaba razón. 

Así las cosas, las operaciones matemáticas no alcanzaban la debida certeza, mientras que las y los mexicanos seguíamos sin saber cuanto debíamos pagar por la mentada cancelación. Fue entonces que la Auditoría Superior de la Federación mostró al respetable que había dado pie con bola y  – de paso – le puso el cascabel al gato; pero la historia nos tenía reservado un capítulo inesperado. 

Conforme a lo reportado por el órgano especializado, durante la fiscalización de la cuenta pública 2019 se detectó que el costo total de la cancelación del NAICM sería de – al menos – 331 mil millones de pesos (léase con énfasis la palabra mil después del número 331), de los cuales el 49 por ciento correspondía a los gastos ya erogados; es decir, la inversión no recuperable ejercida entre 2014 y 2018, además de los cobros por la terminación anticipada de contratos de obra, adquisiciones y servicios. Aquí es donde  los números adquieren especial relevancia, pues la cantidad informada por la ASF es tres veces mayor a la estimada en su momento por la SCT, misma que se incluyó en el documento “Razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco”, publicado en abril de 2019. 

Como si lo anterior fuera poco, la Auditoría reveló que la Secretaría de la Función Pública mantuvo una postura de resistencia, lo que obstaculizó el desempeño de su trabajo, al grado que a los integrantes del equipo auditor les fue negado el acceso a las instalaciones. Pese a ello, el organismo detectó graves irregularidades en el ejercicio 2019 por lo que hace al gasto de las dependencias del Ejecutivo, la distribución de los programas sociales y el desarrollo de las llamadas obras emblemáticas; pero esa es otra historia y ya habrá ocasión de ocuparnos de ella.  

Lo que llama poderosamente la atención es que ante los señalamientos del Presidente López Obrador, el Auditor Superior haya reculado en sus manifestaciones. Como ya es una costumbre, el mandatario nacional tachó de exagerada la cantidad informada y aseguró que él tiene otros datos. Ni tardo ni perezoso, el titular del órgano, David Colmenares, aplicó la vieja confiable y no le quedó mas remedio que reconocer que existen inconsistencias en la cuantificación realizada  y que el costo de la cancelación de la obra es menor a lo apreciado inicialmente debido a una deficiencia metodológica (cualquier cosa que eso signifique); por lo tanto, respecto al altísimo precio que deberá asumirse por la eliminación de la principal obra del régimen anterior, seguimos en la mismas. 

Aquí en confianza, la que estaba llamada a ser una de las terminales aéreas más funcionales y modernas del mundo, hoy duerme el sueño de los justos. Tres principales razones se argumentaron para suprimir el proyecto: un daño ambiental irreversible que no se acreditó y del que ya nadie habla; la supuesta corrupción que no ha merecido denuncia alguna y respecto a la cual el propio Presidente afirmó que no existían pruebas; y los altos costos financieros que representaba la construcción, mismos que al final aumentaron exponencialmente, ya que cancelar la obra resultó más caro que terminarla. Además, la decisión del pueblo bueno y sabio derivó de una consulta a que no cumplió siquiera con las disposiciones constitucionales respectivas y, como si faltara una cereza en el pastel, la solución oficial se redujo a utilizar la base aérea militar de Santa Lucía que no cuenta con la conectividad requerida; pasar por alto que el sitio es un basto yacimiento de fósiles de mamuts y otras especies; sacarle la vuelta al Cerro de Paula que afecta tremendamente la aeronavegación y asignar la construcción de la obra al Ejercito Mexicano, al cual por supuesto no le corresponde esa función. Dijera el cómico Eugenio Derbez interpretando al personaje Hans Pujenheimer: “¡Que alguien me explique!”

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