La ratificación de la nueva versión del tratado de libre comercio de América del Norte, T- MEC, se ha convertido en un verdadero galimatías por lo que hace a los aspectos de naturaleza laboral; al menos, lo ha sido para el gobierno mexicano, que – cual si se tratase de esposa (o esposo) a quien no llevaron a la posada – se aventuró a hacer sonoros reclamos, sin investigar a fondo las razones por las cuales hubo un supuesto “madruguete” por parte de los vecinos del norte.
Luego de que se dio a conocer la iniciativa presentada al Congreso norteamericano por parte del principal inquilino de la Casa Blanca, mediante la cual se pretende que el gobierno de aquel país envíe agregados laborales a sus sedes diplomáticas en México, la 4T y sus huestes reaccionaron en forma inmediata. Por un lado, el Presiente Andrés Manuel López Obrador calificó como “clandestino” el contenido de la citada legislación. “Se envió una ley al Congreso (de los Estados Unidos) para la supervisión de este tratado que habla de que cada seis meses pueden venir inspectores; habrá cinco inspectores, lo cual no se aprobó en el tratado; esto sale de manera clandestina”, sentenció el tabasqueño. Por su parte, ni tardo ni perezoso, el Canciller Marcelo Ebrard afirmó que aunque el recién firmado acuerdo internacional no se encuentra en riesgo, nuestro país no autorizará el envío de supervisores estadounidenses para la implementación de la reforma laboral. Como si lo anterior fuera poco, el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y principal negociador del mentado tratado, Jesús Seade, publicó un twitt (mismo que borró minutos más tarde) en el que dejó entrever que las decisiones unilaterales de los Estados Unidos son producto de su desconfianza hacia México; además, tan pronto tuvo oportunidad, el funcionario federal voló hasta Washington para obtener respuestas a sus inquietudes, lo que generó aún más confusión e incertidumbre.
Pero, como suele ocurrir en estos casos, ahora se hace del conocimiento del respetable que siempre no hubo “gol”, “zancadilla” ó “letras chiquitas”. Si, amable y única lectora, resulta que todo se trató de un terrible error en la interpretación de la mencionada iniciativa y que, en todo caso, los agregados que enviará el Tío Sam no serán una especie de policías laborales, sino que únicamente facilitarán asistencia técnica. Así lo dejó claro Robert Lighthizer, a mayores señas, Representante Comercial de EU, quien en una atenta carta enviada al susodicho Seade, explicó que “estos individuos” (así los llamó) proveen experiencia en apoyo a la misión diplomática norteamericana y pueden asistir a los gobiernos extranjeros en la mejora de las condiciones de los trabajadores; “no serán inspectores laborales y se apegarán a todas la leyes mexicanas relevantes”, reza la misiva. ¡Ah bueno!, aclarado el punto, los mexicanos debemos confiar en que los referidos visitantes no vendrán a tierras aztecas con ningún propósito oculto; tampoco servirán como informantes claves respecto a la aplicación de la reforma laboral en estas tierras, ni mucho menos contribuirán como enlaces para la aplicación de las medidas proteccionistas que – eventualmente – dicte el gobierno norteamericano, las cuales pueden tensar gravemente las relaciones comerciales entre los países signantes. ¡No, eso ni pensarlo!
Aquí en confianza, entre que son peras o manzanas (agregados o inspectores), las que parecen estar escondidas bajo la polvareda son las reglas de origen automotriz que contiene el documento de marras y cuya observancia provocará muchos dolores de cabeza. Trataré de explicarme: para evitar el pago de aranceles, el T-MEC requiere que el 75 por ciento de las piezas de un vehículo se fabrique en una de las tres naciones participantes; además, se determinó que el 40 o 45 por ciento de las autopartes (según se trate de carro o camioneta) sean fabricadas por trabajadores que ganen, al menos, 16 dólares por hora. Ahí es donde la “puerca torció el rabo”, pues la cantidad señalada significa un ingreso de casi 75 mil pesos mensuales, mismo que corresponde, en el mejor de los casos, a los niveles gerenciales en una planta automotriz. De hecho, de acuerdo a recientes estudios del INEGI, la cantidad de personas que accede a esas percepciones, apenas representa el 0.5 por ciento de la población ocupada; dicho de otra forma, solo 269 mil empleados reciben o superan tales ingresos en este país.
Ante la presión derivada de las obligaciones asumidas, las empresas del ramo optaran, en principio, por cubrir el monto de los aranceles establecidos, en cuyo caso, será el usuario el que termine por absorber los altos costos en el precio final; sin embargo, lo que realmente debe preocuparnos es que los inversionistas prefieran migrar sus plantas al único país que – hoy por hoy – tiene la capacidad para ejecutar las mencionadas disposiciones, Estados Unidos. Así, el magnate convertido en presidente, Donald Trump, habrá de cumplir una de sus promesas de campaña: recuperar para los norteamericanos los empleos que genera la industria automotriz y de los cuales venían beneficiándose los trabajadores de otras latitudes, entre ellos, los mexicanos. Alarmante, ¿no?