El trilema energético mundial es un índice que se desarrolla desde el 2010 por el Consejo Mundial de Energía, teniendo como base el equilibro en tres dimensiones: la seguridad en el suministro, la equidad y accesibilidad y la mitigación en el impacto ambiental. Este índice clasifica el rendimiento energético de 128 países en las tres dimensiones basadas en datos mundiales y nacionales e incluye áreas recomendadas para mejorar la coherencia de las políticas y la innovación integrada en materia de políticas, lo que ayuda a desarrollar sistemas energéticos bien calibrados. El objetivo del índice es proporcionar información sobre el rendimiento energético relativo de un país con respecto a la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental. Al hacerlo, el índice destaca los desafíos de un país para equilibrar el Trilemma de Energía y las oportunidades de mejora en el cumplimiento de los objetivos energéticos ahora y en el futuro. El índice tiene como objetivo informar sobre estos tres aspectos y de manera efectiva a los responsables de la formulación de políticas, a los líderes energéticos y al sector financiero y de las inversiones
En este sentido, México se ubica en la posición 45 de 128, por debajo de naciones Latinoamericanas como Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Panamá. El factor que mide la Seguridad Energética del país continúa una desaceleración a medida que el equilibrio energético interno se ha deteriorado. La política actual del gobierno federal ha priorizado la seguridad energética a través de la inversión de empresas estatales en petróleo, gas y energía eléctrica (PEMEX y CFE). Al mismo tiempo, se ha desalentado la inversión privada luego de las políticas y regulaciones emblemáticas establecidas por el gobierno anterior, incluidas en las subastas y licitaciones.
Los ingresos de los hogares se han visto gravemente afectados durante el 2020 debido al COVID-19, lo que hará que la asequibilidad de la energía sea un desafío a corto plazo. Al mismo tiempo, el fuerte énfasis de las políticas en la reducción de la pobreza en las áreas rurales, particularmente en la región sur del país, podría resultar en una mejora significativa en el acceso a energía eléctrica, solo si se continua con la política del gobierno federal anterior donde se buscaba una mayor cobertura en aquellas poblaciones donde aún no contaban con este servicio.
En este sentido, el gobierno no ha llevado a cabo los esfuerzos necesarios dentro de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) al Acuerdo de París, para mantener el objetivo de energía limpia para el sector eléctrico para 2024, lo que significaría reforzar la agenda de política de eficiencia energética e invirtiendo en infraestructura urbana, fuentes de generación de energía renovable y estilo de vida como parte del plan de recuperación económica. Al momento, no hay indicios de que las políticas se revisen al alza de los objetivos de cero emisiones que ya han establecido otros países de la OCDE.
El bloqueo generalizado debido a la pandemia de COVID-19 ha ejercido una presión significativa sobre la economía nacional y las finanzas públicas. Contrario a seguir con una política en base a crear condiciones para alcanzar los objetivos anteriormente planteados, el gobierno federal le ha apostado a fortalecer la generación de energía a través de fuentes contaminantes, lo que podría impulsar un desaliento del sector privado para invertir en proyectos relacionados con el sector de energías renovables.
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