COLUMNA: CAPITALES «Que se puede esperar de la relación México-Estados Unidos en la era de Joe Biden»

De acuerdo con un artículo publicado por el Instituto Brookings de Estados Unidos, La administración que inicia el 20 de enero del 2021, buscará centrar fundamentalmente la relación cargada de turbulencias entre Estados Unidos y México hacia una mucho más integral, anclada en una cooperación institucional duradera. Biden y su gabinete cercano comprenden muy bien la conexión necesaria y beneficiosa entre los dos vecinos, no solo de las comunidades fronterizas sino en la totalidad de ambos países. Ni el presidente electo ni su equipo entrante desplegarán acciones y términos derogatorios sobre México y el pueblo mexicano como lo ha hecho repetidamente el presidente Donald Trump.

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Biden, prescindirá de maniobras de intimidación y actitudes como amenazar con imponer aranceles a México. Pero eso no significa que la relación entre los gobiernos de Biden y López Obrador sea fácil. Múltiples puntos de fricción son claramente visibles en el horizonte. Los desacuerdos no serán simplemente un legado de la obstinada negativa del presidente López Obrador a felicitar a Joe Biden por su victoria electoral, una postura que sitúa a López Obrador junto a líderes autoritarios y populistas como Kim Jong Un de Corea del Norte, el ruso Vladimir Putin y el brasileño Jair Bolsonaro.

A pesar de las acciones viscerales de Trump, tales como las amenazas del incremento de aranceles y el desprecio del TLCAN, mismo que significa una base de la economía mexicana, López Obrador rápidamente desplegó una actitud muy cómoda con Trump, incluso alabándolo extrañamente por tratar a México «con amabilidad y respeto».  El presidente de México también ha atendido las preferencias de Trump sobre los dos únicos temas que le preocupaban en la relación entre Estados Unidos y México: detener la migración y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras el gobierno de López Obrador estuviera dispuesto reprimir la migración a través de México a los Estados Unidos, redirigir a su Guardia Nacional hacia ese propósito, no quejarse del muro fronterizo inmensamente destructivo y absolutamente inútil, y renegociar el TLCAN para exigir un mayor contenido de bienes fabricados en Estados Unidos, la administración Trump le dio a México “palmaditas” en la espalda, haciendo referencia a una excelente relación bilateral que, de eso, no tenía nada.

En consecuencia, el problema de la migración seguirá siendo un desafío importante para los Estados Unidos, y es muy poco probable que la administración Biden acepte ese acuerdo “trumpiano”. Los grandes flujos migratorios de Centroamérica e incluso de México, son fáciles de imaginar una vez que la administración Biden asume el cargo: el Covid-19 ha reprimido las economías nacionales en toda la región, ha empujado al alza el desempleo, ha incrementado la pobreza y la desigualdad aún más, mientras que la violencia no ha disminuido.

La generación de energías limpias será otro tema importante para la administración de Biden. Sin embargo, López Obrador ha adoptado políticas que exacerban el calentamiento global y ha revertido las medidas de energía limpia a pesar de sus compromisos de campaña para alejar a México de los combustibles fósiles. Ha hecho lo imposible por fortalecer a PEMEX, cuya operación es una carga para el erario, y la costosa e ineficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ha tratado de evitar que más de 40 plantas eólicas y solares de propiedad privada se conecten a la red eléctrica nacional. López Obrador también canceló la cuarta subasta de energía limpia de México a pesar de que las tres anteriores fueron muy exitosas, generando energía eólica y solar limpia a un costo muy bajo para los consumidores, mucho más bajo que los precios de generación de la CFE.

Estas políticas chocarán directamente con las visiones energéticas y ambientales de la administración Biden. A diferencia de la administración Trump, el gobierno de Biden probablemente defenderá los contratos de las empresas energéticas estadounidenses que invirtieron en dicho mercado liberado en México bajo el el gobierno anterior y que ahora se ven perjudicados por los cambios de política energética de la actual administración.

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