Afecta a más de 600 000 españoles y causa el 35 % de los ictus.
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en la población general. Según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC), afecta a más de 600 000 españoles y causa el 35 % de los ictus. Como explica Clara Bonanad, presidenta de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), “la prevalencia e incidencia de la fibrilación auricular está aumentando en mayores de cuarenta años en los últimos años. Es una arritmia que va ligada a la edad y aumenta exponencialmente a partir de los sesenta. Hay estudios que reflejan que, en pacientes octogenarios, su prevalencia puede alcanzar hasta el 20 %”.
David Vivas, coordinador del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la SEC añade que este tipo de arritmia “favorece la formación de trombos intracardiacos, motivo por el que es una causa importante de enfermedad cerebrovascular o ictus”.
En la misma línea, desde la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología, Juan Cosin explica que esta dolencia “multiplica por cinco el riesgo de ictus, y no tomar el anticoagulante adecuado expone a un riesgo más elevado”. Si se tiene en cuenta que los ictus pueden acarrear consecuencias altamente incapacitantes y que “los causados por fibrilación auricular tienen peor pronóstico que los de otras etiologías”, el hecho de que cada paciente reciba la medicación adecuada resulta crucial. Para ello, urge acabar con problemas de infradiagnóstico, mejorando “los programas de cribado”, y lograr que los pacientes estén correctamente controlados una vez se les ha pautado su medicación.
En palabras de Vivas, “la pandemia y la saturación del sistema sanitario ha causado que la morbimortalidad por otras dolencias no COVID-19 –entre ellas, la enfermedad cardiovascular– se haya duplicado”. Según apunta Bonanad, la razón está en que “se han transformado gran parte de las visitas presenciales en telefónicas, por tanto, parece que se ha infradiagnosticado e infratratado esta arritmia durante 2020”.
Por una parte, en muchas ocasiones, “no se ha podido hacer diagnóstico precoz para poner el tratamiento anticoagulante”, afirma Cosin. Otro problema tiene que ver con que dicha medicación “está basada en fármacos antagonistas de la vitamina K, que precisa de controles periódicos en consulta. Y, en estos meses, la supresión de la presencialidad ha dificultado el manejo de estos pacientes. En los periodos de pico de la COVID-19, también hemos tenido que dejar de hacer ablaciones –cicatrización o destrucción del tejido del corazón que provoca o sostiene el ritmo cardíaco anormal–,un procedimiento bastante eficaz, incluso curativo, en muchos casos”, advierte el especialista.
Cambio de tratamientos
Una de las soluciones que han encontrado los expertos pasa por el cambio de tratamientos. Según Bonanad, “los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) han demostrado ser tan eficaces como los antagonistas de la vitamina K en la prevención de ictus y con menores tasas de sangrado mayor –hemorragias internas graves–. No requieren controles estrechos, siempre y cuando estén correctamente ajustados en su dosis a las características clínicas del paciente”, precisa.
Sin embargo, no todo es tan fácil. Cosin apunta que un trámite burocrático denominado visado requiere que el paciente reciba un permiso previo del sistema de salud, lo que limita la prescripción de los ACOD. Por suerte, “durante la pandemia, algunas comunidades autónomas flexibilizaron los visados para permitir pautar estos nuevos anticoagulantes, ya que no requieren de seguimiento, facilitan el manejo y son el tratamiento más recomendado por las sociedades científicas a nivel internacional”, asevera el especialista.
Las comunidades autónomas que han optado por suprimir los visados tienen que decidir qué hacer ahora con este trámite. “Es complicado decir a un paciente, al que le has prescrito un fármaco con menos interacciones con alimentos u otros medicamentos, que tiene que volver a un tratamiento que además precisa de controles mensuales”, advierte Cosin. Por ello, expresa su deseo de que el visado se flexibilice, igualándose así España a otros países de nuestro entorno europeo. “Confiamos en que, independientemente de la evolución de la pandemia, se puedan recetar los fármacos anticoagulantes siguiendo un criterio estrictamente clínico y según las recomendaciones de las guías de práctica médica, sin tener la limitación burocrática de los visados de prescripción”, manifiesta Vivas. Por su parte, Bonanad puntualiza que “si este cambio de regulación no se hace en todo el país, sino solo en algunas autonomías, puede generar desigualdades”. Por ello, insta a que, “una vez se controle la pandemia, se pueda revisar y actualizar a nivel nacional el tema de los visados y tomar una decisión global pensando en el beneficio a los pacientes, que seguramente también tendrá una buena relación coste-beneficio a largo plazo”.
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