Las empresas estadounidenses con brotes de Covid-19 enfrentan a una amenaza legal emergente: demandas de trabajadores que se llevaron el coronavirus a casa y familiares de estos, contingencia que según una empresa de análisis de riesgos podría costar a las empresas miles de millones de dólares.
La hija de Esperanza Ugalde, de Illinois, presentó en agosto una demanda por homicidio imprudente —la primera de ese tipo según abogados—, alegando que su madre murió por Covid-19 después de que su padre contrajo la enfermedad en la planta de procesamiento de carne de Aurora Packing Co.
Las acciones toman toman prestados elementos del caso del amianto y esquivan los límites a la responsabilidad por accidentes en el lugar de trabajo, lo que expone a las empresas a elevados costes por daños y perjuicios, aun aunque el demandante no haya puesto un pie en las instalaciones.
“Las empresas deberían preocuparse mucho por esos casos”, advirtió el abogado Tom Gies de Crowell & Moring, que defiende a los empleadores.
La demanda contra Aurora alega que Ricardo Ugalde trabajó “hombro con hombro” en la línea de procesamiento de la empresa en abril, mes en el que la planta sabía que de un brote de coronavirus en sus instalaciones y no advirtió a los empleados ni adoptó ninguna medida de prevención de infecciones.
Aurora no respondió a una solicitud de comentarios.
Se cree que entre el 7% y el 9% de las cerca de 200.000 muertes por Covid-19 que se registran a la fecha en Estados Unidos se deben a contagios llevadas del trabajo a casa.
Las demandas podrían costar a las empresas hasta 21,000 millones de dólares si el número de muertes en el país llega a 300,000, según Praedicat, empresa que evalúa riesgos para las aseguradoras.
Rob Reville, presidente ejecutivo de Praedicat, advirtió que es el peor escenario posible y dijo que los casos podrían tener una factura inferior en función de cómo interpreten las demandas los jueces.
El sistema de compensación a los trabajadores en Estados Unidos normalmente dificulta que estos presenten demandas por COVID-19. El sistema pone un tope a la responsabilidad de las empresas y prohíbe demandas costosas a cambio de pagos rápidos a los empleados, que no necesitan probar la culpa.
Pero Esperanza Ugalde no era una empleada de Aurora, así que su familia puede demandar a la empresa. Dependiendo de las circunstancias, un caso exitoso de homicidio por imprudencia puede superar el millón de dólares en daños.
Ese tipo de casos han existido durante década en los contenciosos por el amianto y los tribunales se han dividido a la hora de decidir si una empresa tiene obligación con personas que nunca han pisado sus instalaciones.
En 2013, un jurado de California concedió a Rose-Marie Griggs 27,3 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos después de que contrajera un mesotelioma que, según sus abogados, fue causado por las fibras de amianto que llegaban a su casa en la década de 1950 en la ropa de trabajo de su marido, que instalaba aislamientos para una filial de Owens-Illinios Inc.
La empresa apeló y las dos partes llegaron a unacuerdoextrajudicial antes del fallo de apelación.
Reuters