Jaime Rodríguez Calderón acaba de meter la pata gravemente. Con el pretexto de mejorar la seguridad pública en Nuevo León, el Estado que gobierna, ha decidido golpear a Uber, Cabify y Didi. Olvida que estas empresas son aplicaciones para dispositivos móviles, no son servicios de taxi concesionado. Cuando los sindicatos o permisionarios convencieron al Bronco de que Uber debía someterse a la regulación vigente, pidieron reglamentar la nada. La neutralidad de la red impide que la autoridad pública pueda meter mano. Igual pasa en el caso de Uber: por más requisa de vehículos y otras medidas de presión que emprenda el Bronco y sus aliados, enemigos de la tecnología moderna, la economía compartida va a ganar el futuro.
¿Cómo quiere el Bronco regular aplicaciones que trascienden países y a las cuales puede sumarse cualquier permisionario de taxi, sin excepción? Sería como si SCT pretendiera normar Whatsapp o Telegram y legalizarlos en el mismo rubro del servicio de mensajes de Telcel.
Ni Uber ni Cabify son empresas de transporte; son aplicaciones para mejorar la coordinación entre conductores y pasajeros de estos medios de movilidad urbana. Punto. No registran a conductores como taxistas, sino como vehículos de renta con conductor.
En el fondo, el Bronco olvida que el mejor remedio gubernamental para resolver el asunto de estas aplicaciones es no metiendo mano. Si la revolución digital ha comenzado a abrir mejores oportunidades de calidad de vida, ¿por qué el Bronco intenta cerrarlas? No nos neguemos al nuevo modelo de negocio en expansión denominado “economía compartida”, que ha revolucionado el mundo empresarial. Bienvenido el futuro digital y fuera los gobiernos retrógrados.