AMLO tendrá durante su sexenio una dura piedra en el zapato: la casta electoral. Entre todas las piedras estorbosas, esta es una de las más puntiagudas. Los magistrados se creen los dueños de la democracia en México. Se sienten intocables, impunes, exentos de cualquier fiscalización práctica.
Para que México sea más democrático, no basta con que las autoridades electorales garanticen su independencia como poder soberano. El problema es que los órganos electorales son corruptos y sus instancias internas para acabar con la corrupción son postizas, de mentiras.
Es cierto que existe el Consejo de la Judicatura, pero como dice el dicho popular, perro no come perro y magistrado no come magistrado. O sea, entre ellos se solapan, se encubren, se protegen.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ofrece claridad a nuestros procesos electorales, porque flota en la opacidad y le vale la opinión publica, el qué dirán. Los magistrados, con su séquito de burócratas venales, viven con sueldos estratosféricos, se dan lujos de magnate, se sienten jeques árabes, son defensores de los intereses del PRI o del PAN (y jure el lector que pronto estarán al servicio de Morena) y su burocracia es muy onerosa, quizá la más cara del país. Cada vez nos pesa más a los mexicanos mantenerla.
El TEPJF se basa en una legislatura electoral que intencionalmente es compleja, enredada, rebuscada y repleta de duplicidades. Si no paramos esta oleada frenética de abusos pronto sufriremos el enquistamiento de la electocracia, es decir, de un grupúsculo de jueces que sustituye la voluntad popular; una camarilla de autócratas que mandan por encima de los votos del pueblo. Y será tarde para meter reversa.
¿Que hacer? En principio de cuentas, recortar a más de la mitad el aparato que sostiene a la electocracia. Si le restamos facultades al TEPJF, le amputaremos tentáculos a este pulpo voraz, hasta ahora sin freno. Obvio, habrá que reformar antes el sistema electoral. Ya nos estamos tardando. Todo mejoraría, empezando por la democracia, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación absorbiera las atribuciones y facultades de la Sala Superior del TEPJF.
Si desaparecemos la Sala Superior completa, iríamos de gane. De pasada, por no dejar, suprimamos los Tribunales Electorales en los Estados, que sólo sirven para que sus fallos los cambie la instancia superior, de ahí que sus resoluciones nunca sirvan para nada.
Y ya entrados en gastos, o más bien, ya entrados en eliminar gasto superfluo, metámosle tijera al Instituto Nacional Electoral (INE). No estaría mal que sus consejeros sean honoríficos, es decir, que no cobren por sus servicios. Que les caiga por fin el veinte de que es un alto honor representar a la Patria en el cuidado de los procesos electorales. Y si no, siempre habrá mexicanos que les guste servir a su país en cada proceso electoral. De manera que acabar de una vez por todas con la electocracia es un bien que nos beneficia a todos. Pulvericemos esa piedra en el zapato de México, de una vez por todas.