El largo adiós: el Brexit sigue siendo un dolor de cabeza un año después del acuerdo final

Londres sigue queriendo modificar los protocolos, con Irlanda del Norte y Gibraltar como puntos sin aclarar. El año empieza negociando con un tono algo menos tenso.

“Los cambios del Brexit llevarán tiempo y serán difíciles”. Lo tuvo que reconocer el pasado octubre el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en plena crisis de combustibles generada por una tormenta perfecta de coronavirus, precariedad laboral y un divorcio comunitario a medio cuajar. El premier llevaba días enseñando las uñas, reclamando renegociar las condiciones que se pactaron con la Unión Europea relativas al Protocolo de Irlanda del Norte, cuando se le vino encima la cruda realidad: sólo negociando y entendiéndose con Bruselas pueden irse cortando esos restos pesados, roñosos, que lastran al que se fue y a los que siguen en el club comunitario. 

Las cosas no están bien, más de dos meses después de aquella afirmación. El Brexit, lejos de ser historia, es una llaga abierta que tratan de cerrar los negociadores de uno y otro lado, pero cuesta, porque se ha ido perdiendo la poca confianza que quedaba. 

El 1 de febrero de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada y, tras meses de negociaciones entre la UE y el Reino Unido, el 24 de diciembre de 2020 las partes alcanzaron un compromiso sobre un Acuerdo de Comercio y Cooperación, un Acuerdo sobre Seguridad de la Información y un Acuerdo relativo a Cooperación sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, que entraron en vigor de manera provisional el 1 de enero de 2021. Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo rubricaron todo con sonrisas, pero eso es historia. En este año que acaba, Londres ha renegado unilateralmente de partes del acuerdo, lo que ha llevado a nuevas rondas y negociaciones sobre lo que parecía cerrado. 

Cómo están las cosas

Lo más complejo está en Irlanda del Norte: el marco de hace un año establece que este territorio seguiría vinculado al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que crucen entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible, algo clave para el proceso de paz y las economías de las islas. Eso significa que, en la práctica, la frontera se ha desplazado al mar de Irlanda, con nuevos controles aduaneros a los productos que llegan a los puertos de Irlanda del Norte procedentes de la isla de Gran Bretaña.

Tras el Brexit, Irlanda del Norte está integrada en el mercado del Reino Unido y el de la UE al mismo tiempo. Ese estatus singular permite cumplir los acuerdos de paz de 1998 (los llamados del Viernes Santo), que exigen que no haya frontera entre las dos Irlandas, pero obliga a la región británica a cumplir leyes y decisiones judiciales europeas. El Ejecutivo de Johnson repudia ahora ese arreglo y quiere recuperar la soberanía que aún mantiene la UE en Irlanda del Norte. Exige reducir el papel de las instituciones comunitarias en la provincia, en particular el arbitraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y evitar que las empresas norirlandesas deban cumplir las normas de subsidios comunitarias.

Esa nueva frontera ha enfadado en particular a los unionistas norirlandeses, que denuncian que ponen en peligro la integridad territorial del país, y no sólo es una denuncia grave, sino que el tiempo corre en contra: hay elecciones autonómicas en mayo y, si se prolonga el bloqueo, es improbable que pueda reconstruirse el Ejecutivo compartido que exige el acuerdo de paz de 1998.

La respuesta del Gobierno británico ha venido siendo extender unilateralmente los periodos transitorios y retrasar la puesta en práctica de los controles, básicamente. El pasado septiembre, Johnson volvió aplazar por tercera vez de manera unilateral estos controles tras el Brexit, asunto que ya había provocado la apertura de un expediente al Reino Unido en Bruselas.

En una cumbre del G7, Johnson aseguró que no dudaría en aplicar el artículo 16 del protocolo, que prevé que una de las partes tome medidas si cree que el pacto provoca “serias dificultades económicas, sociales o medioambientales”. Según arguyó Londres, los controles aduaneros que se pactaron entre Irlanda del Norte y el resto del país generan demasiadas fricciones en su mercado interno. Se supone que lo había negociado su propia gente, que él lo firmó sabiendo lo que había. Aferrarse a ese artículo es romper la baraja. 

Por eso, el otoño ha sido convulso. Encuentros, tira y afloja, declaraciones cruzadas intentando mantener las maneras esenciales de la diplomacia y cansancio, mucho cansancio, por una situación irresuelta. “Dábamos todo por cerrado. Si no es suficientemente difícil desacoplar un país histórico del seno de la UE, trabajar con “y ahora más” constantes es desolador”, citaba una fuente comunitaria a la agencia Reuters. 

El Ejecutivo comunitario se ha mantenido firme pero presentó en octubre una propuesta para flexibilizar el protocolo, en un gesto que unos creen de acercamiento y otros, de cesión. Su iniciativa, dice Bruselas, reduciría en un 80% los controles sanitarios y fitosanitarios a los productos procedentes de la isla de Gran Bretaña para ser consumidos en Irlanda del Norte. Además, Bruselas planteaba crear una especie de “carril rápido” que recortaría a la mitad el papeleo en aduanas. La Comisión ha dato pasos concretos y ha aprobado una propuesta legislativa cuyo objetivo es permitir que los medicamentos circulen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte sin poner en riesgo el mercado único. 

Medicinas y burocracia son las claves de la polémica, pero el bloqueo del protocolo está causando también dificultades a la participación británica en proyectos de investigación científica y en la obtención de visados para artistas, por ejemplo, además de ralentizar los cambios en las políticas de inmigración previstos por ambas partes. 

También hay que hablar de Gibraltar, lo que compete a España. Madrid y Londres encontraron hace un año una solución para derribar la Verja tras el Brexit, en un tiempo razonable y sin grandes crisis, todo un logro. Sin embargo, los meses han pasado y aún no se ha podido trasladar ese pacto bilateral a un Tratado formal entre la UE y Reino Unido. “Seguiremos negociando durante el nuevo año y esperamos entrar en una fase decisiva tan pronto como sea posible. Compartimos con Reino Unido y España el objetivo de concluir un acuerdo a lo largo del primer trimestre”, anunció la Comisión en en un comunicado, a mediados de diciembre. 

Un empleado de la UE iza la bandera de Reino Unido el 9 de diciembre de 2020, antes de un encuentro en...
Un empleado de la UE iza la bandera de Reino Unido el 9 de diciembre de 2020, antes de un encuentro en Bruselas entre Johnson y Von der Leyen. 

Esperando a enero

Al nuevo año llegamos con algo más de optimismo y caras nuevas. Las formas se han relajado porque Londres ha confirmado que rebaja sus exigencias. David Frost, ministro para las relaciones con la Unión Europea en el Gobierno británico, acaba de dimitir, pero antes de hacerlo se reunió con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y tuvo que asumir que el objetivo de Johnson ya no es una reforma radical del protocolo, como dijo de inicio, sino el logro, en enero, de un “acuerdo interino” y el aplazamiento de las cuestiones más espinosas.

Una especie de tregua, aunque Reino Unido aún reitera sus grandes objetivos, incluida la eliminación de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la provincia, a pesar de que permanece en el mercado común. Altos funcionarios británicos implicados en la negociación ya habían advertido a corresponsales europeos hace tres semanas de que el Gobierno había renunciado a resolver ahora las divergencias sobre la competencias del Tribunal. Hay un cambio de tono y de modulación de la estrategia negociadora, pero Londres afirma que la supuesta eliminación del 80% de controles aduaneros y del 50% de trámites es engañosa y que la competencia del Tribunal creará problemas antes o después.

Sefcovic ha tratado de ser conciliador y ha insistido en que el protocolo tiene suficiente flexibilidad para resolver los problemas pendientes. Eso sí, la UE nunca aceptará renegociar otra vez el acuerdo de divorcio, ha insistido reiteradamente.

“Las negociaciones no han sido fáciles y no lo van a ser. Johnson, de origen, ya ganó con mayoría absoluta usando la baza del nacionalismo casi ultra, la defensa de las fronteras, los bienes propios y en un momento de problemas en el comercio mundial, hará hincapié en eso aunque le cueste pelear con la UE”, señala Matthias Poelmans, analista belga especialista en Unión Europea. Sin embargo, apuesta por el “pragmatismo” de las dos partes, en mitad de la pandemia, con crisis irresueltas en paralelo como la de las migraciones que vienen de Francia, para acabar dando con soluciones. 

“No se puede acusar a Bruselas de inmovilismo, podía haber dicho que no negocia y, sin embargo, está planteando debate y hablando de márgenes de mejora. Lo que no puede hacer Londres es estirar la cuerda más de la cuenta. La decisión de marcharse fue suya y las consecuencias, también”, añade. A su entender, será importante ver el nuevo aire que trae Liz Truss, la nueva negociadora en sustitución de Frost, que se ha marchado por sus diferencias irreconciliables con Johnson en materia fiscal o pandémica. 

“Frost fue línea dura y Truss es una incógnita aún. Está por ver si sigue en la línea de las últimas semanas, de cierto entendimiento, o si hace de correa de transmisión del Johnson más duro, porque está con la popularidad por los suelos y asediado por múltiples crisis, que incluso ponen en peligro su permanencia en Downing Street. No se sabe si mirará a Europa para tratar de hacerse el duro y vender gestión interna”, añade el experto. 

De momento, Truss tuvo el 21 de diciembre su primera conversación con Maros Sefcovic y le dijo literalmente: “Queremos una relación constructiva con la UE, marcada por las relaciones comerciales y por nuestra creencia compartida en la libertad y en la democracia”. Suena bien, pero menos si se acompaña de su nueva amenaza de activar las “salvaguardas” del artículo 16 y comentarios como “tenemos que acabar con el papel del Tribunal de Justicia de la UE como árbitro final en las disputas entre nosotros y resolver otras cuestiones”. 

Qué puede pasar

Si Londres no se frena, si las negociaciones previstas para enero no fructifican, los socios comunitarios han anunciado que no dudarán en imponer represalias que, si bien en un primer momento tratarían de ser proporcionales al incumplimiento, podrían derivar en una espiral de medidas y contramedidas desde ambos lados del canal de la Mancha. “A Londres no le gusta que Irlanda del Norte siga las normas europeas, es el problema de base. Por eso pone tantas pegas. La duda es hasta dónde las pondrá”, señala Poelmans.

¿Hablamos de una guerra comercial? “No es descartable”, dice el experto, que explica que se pueden imponer controles o tarifas adicionales sobre productos del Reino Unido como contrapartida por dejar el protocolo -“con lo que costó que cuajara”- en papel mojado. Lo más extremo que se podría esperar por parte de la UE es la de dar por cancelado el tratado comercial completo, lo que volvería a situar al Reino Unido frente al abismo de un Brexit sin acuerdo, a las bravas, un Brexit duro. El peor fantasma con el que ha estado lidiando desde que en el refrendo de 2016 ganó el leave (irse). 

El impacto de la pandemia impide calcular el efecto inmediato del Brexit en el PIB británico, afirma la agencia EFE, pero “expertos e instituciones mantienen sus perspectivas de menor crecimiento a medio plazo y constatan que el comercio con la UE no se ha recuperado al mismo ritmo que los intercambios con el resto del mundo”. Suma una crisis mundial a la propia y las nuevas barreras aduaneras y la falta de trabajadores en algunos sectores como el transporte -dado que las empresas británicas ya no pueden echar mano del mercado comunitario para cubrir vacantes poco cualificadas- han mostrado la verdadera dimensión de los efectos del divorcio. 

“Incluso si el Brexit se hubiera producido en las mejores circunstancias posibles, con el acuerdo comercial más ventajoso, continuaríamos obsesionados con la Unión Europea, porque es un gigante económico en nuestro rellano. No podemos escapar de ese hecho, por mucho que lo intentemos”, explica a la citada agencia Anand Menon, director del laboratorio de ideas UK in a Changing Europe.

Y no hay que dejar de lado el fantasma independentista. En Irlanda del Norte, el Brexit resucitó el resquemor de una frontera con la vecina República de Irlanda, lo que a su vez renovó la fuerza con la que los partidos republicanos defienden un referéndum sobre la reunificación. Puede ocurrir que el Sinn Féin, que fue brazo político del IRA, se convierta en el mayor partido en Irlanda del Norte y también en el sur en los próximos comicios. 

En Escocia, el Brexit sigue siendo motivo diario de pugna, siendo como es el territorio que más ampliamente votó por quedarse en la UE y donde más electores dieron la espalda al Gobierno de Boris Johnson. Ya en el año 2014 se produjo una consulta en la que el 55% de los votantes se opuso a la independencia, pero la separación del club comunitario ha disparado las peticiones para que el refrendo se repita, pues entienden que las circunstancias han cambiado y justifican la repregunta, porque la matriz de la que independizarse, Reino Unido, ya no está en Europa. 

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, prometió en noviembre pasado “comenzar el proceso necesario” el próximo año para celebrar “un referéndum antes del final de 2023”. Siempre que el coronavirus lo permita, afinó. El Partido Nacional Escocés que lidera aprobó a principios de año su hoja de ruta para la independencia, en la que opta primero por “el acuerdo” con el Gobierno británico, aunque, en caso contrario, el Ejecutivo escocés no descarta llevar la cuestión ante la Justicia.

Para la celebración de una consulta sobre el futuro de la Unión es necesario primero el beneplácito del Parlamento de Westminster, a priori fuera de las competencias de la Cámara escocesa. Los últimos sondeos muestran un rechazo aún a la celebración del referéndum en 2023, con un 60% de los escoceses en contra de la consulta en esa fecha, aunque, por el contrario, un 46% está a favor de que tuviera lugar durante la actual legislatura, que termina en 2026, según la firma YouGov. 

La sexta temporada de Brexit no ha hecho más que comenzar y amenaza con tener más recorrido que la mítica Doctor Who.