Generalmente, las segundas partes no son buenas, las terceras son refrito. Aunque se anuncien como quien anuncia la llegada esperada de lo insólito.
Desde 2006, uno de los ejes de gobierno más lastimados es el de la seguridad pública; la creciente expansión de los grupos del crimen organizado ha generado la percepción más negativa de las instituciones y ha generado una profunda huella en el tejido social.
Durante la campaña de 12 años por la presidencia de la República emprendida por Andrés Manuel López Obrador, la crítica permanente a las políticas públicas de las administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto resaltaron la necesidad de revertir la participación del ejército en la ardua tarea de pacificar a México, eliminar la corrupción y regenerar el tejido social.
El hartazgo social y el permanente sentimiento de abandono por parte de la autoridad llevaron a la coronación de una propuesta de transformación que el día de hoy sorprende y preocupa. Dejando de lado la especulación y el impacto de riesgo en los mercados, se anunció con bombo y platillo el Plan Nacional de Seguridad para los próximos seis años.
Basada en la recomposición del tejido social, las estrategias de buena voluntad, la amnistía, los acuerdos, el consenso y moralidad, el Presidente electo de México anunció la continuación de la militarización de las calles, ahora bajo el nombre de Guardia Nacional.
Los ocho puntos que integran el Plan no articulan el cómo, y se limitan al qué. La descripción de acciones pero no de procesos es lo que enfatiza una propuesta poco innovadora, sencilla y que poco parece responder a las complejidades del México dividido, polarizado y con urgencia de soluciones y atención.
Desde la integración de una Constitución moral se propone una visión paternalista, de un gobierno tutor que no habilita, sino que genera dependencia. Parece que se deja de lado la necesidad de transformar la oposición en proposición. Ciertamente el Plan de Seguridad debe ser progresista, multidimensional y multidisciplinaria; pero no sólo en el enunciado.
La retórica no es suficiente cuando en vísperas de oficializar la transición la creciente especulación inunda a más sectores de la población.
La ética y la moral son asuntos de Estado, cuando el mismo Estado debe encabezar las iniciativas de ética en la función pública que le permitan hacer frente a los dilemas éticos propios de la actividad. La eliminación de la corrupción y la reactivación de la procuración de la justicia serán objetivos alcanzados cuando desde todos los órdenes de gobierno se actúe con congruencia.
La políticas públicas del siglo XXI deben ser bidireccionales, que impacten sobre cada ámbito de la vida nacional. Sin embargo, hablar únicamente de las acciones gubernamentales que “impactarán” en la población, poco dicen de la forma en la que de manera progresiva los planes
y programas además de abatir la pobreza, combatirán efectivamente la inseguridad.
Falta traducir en un lenguaje sencillo, preciso y contundente, la forma en la que los ciudadanos además de mejorar su poder adquisitivo puedan regresar a las calles sin el temor de no regresar a casa o de ser víctima de algún tipo de delito.
Eliminar todo rastro de la Ley de Seguridad Interior hace sentido si lo que se busca es mantener, como lo plantea el recientemente anunciado Plan, a las fuerzas armadas, pero con otro nombre; el de Guardia Nacional.
La convergencia de las fuerzas armadas y las policías en las calles, no podría ser sustentada con una Ley que, aunque acusada de anticonstitucional, busca lo mismo: continuar con la militarización que desde el sexenio de Felipe Calderón tiene sumergido a México en una de las épocas más volátiles para la seguridad en todos los frentes.
Más que reformular el combate a las drogas, urge una cultura de prevención, de regulación y legalización. Pero parece que al intentar proponer la creación de leyes para “poner fin a los confrontamientos armados”, se olvida el trasfondo de ellos y se deja intacta la problemática de raíz.
La presentación de este Plan, era una nueva oportunidad para que el Presidente Electo diera un mensaje certero y claro, no errático.
Ante la ríspida transición que se avecina, urgen mensajes claros, de certeza, confianza y que den señales de que hay trazado un verdadero plan de navegación.
Fuente: Forbes México