Desde el 1 de enero de este año entraron en vigor los nuevos formatos para las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, donde se incluyen datos sobre el cónyuge y los dependientes económicos del funcionarios, pero este sistema aún es débil por la falta de interconexión con datos que el mismo gobierno federal tiene, de acuerdo con un experto.
El pasado 19 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de haber omitido aspectos en su declaración patrimonial, luego de que se abrió una investigación en ese sentido por una publicación periodística que señalaba que el funcionario había omitido propiedades en el reporte.
Bartlett Díaz no se encontraba obligado a presentar la declaración patrimonial de Julia Abdalá Lemus, con quien mantiene una relación sentimental. Sin embargo, a partir de 2020 los funcionarios estarán obligados a reportar los bienes de las personas con quien mantienen un vínculo sentimental, explicó en su momento la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Hay dos vertientes principales con las modificaciones en el formato de declaración patrimonial que presentó el Sistema Nacional Anticorrupción; primero sobre la ampliación en el número de servidores públicos que estarán obligados a presentar dicha obligación, por lo tanto se espera que pasen de 200,000 a 2 millones de declaraciones aproximadamente las que se recaben, detalló Maximiliano García, experto en administración pública.
El segundo aspecto que se espera, abundó, es que se incremente la información que los servidores públicos publican en su declaración, como datos de sus concubinas o dependientes económicos, aunque sólo serán públicos los referentes a quienes trabaja en el gobierno.
Sin embargo, los nuevos formatos generan una inconsistencia o pérdida de tiempo al funcionario público al cuestionarlo dónde trabaja y cuánto gana, ya que dicha información la tiene el propio gobierno, la cual se puede rastrear de bases de datos ya existentes, abundó el también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por ello se debe apostar por una interoperabilidad entre sistemas de datos de las dependencias, tanto en el ámbito fiscal, bancario y de nómina, para ahorrar tiempo y detectar inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos, en el caso de que los haya, externó.
“Sigue siendo un sistema muy débil, porque es es información que ya se tiene, que no se está conecta entre sí para detectar inconsistencias en tiempo real; y sobre todo que no está directamente vinculada con los sistemas de rendición de cuentas, porque las sanciones son administrativas menores por incumplimiento”, sostuvo
En otros países, donde los sistemas han tenido éxito, no se está apostando por esta estrategia, ya que es información que las entidades públicas ya tienen de manera sistematizada, aunque para México es un buen esfuerzo que se quiera vincular con la plataforma de transparencia, donde está el sistema Declaranet, aseguró Maximiliano García.
“Como está planteado (el sistema), con vulnerabilidades importantes respecto a ciertas dinámicas políticas, hacen que estos ejercicios sigan siendo muy limitados en términos de combate a la corrupción, pero es un buen esfuerzo que se cuente con este tipo de datos públicos”, reiteró.
A la fecha, se tiene un 42% adicional de funcionarios públicos, en comparación a la pasada administración, que han abierto al 100% sus declaraciones patrimoniales, por tanto a partir de enero de este año se contará con sistema completamente transformado con mayor énfasis en conflicto de interés, afirmó Eréndira Sandoval durante la reunión con embajadores y cónsules.
“Somos un gabinete que por exigencia del presidente de la República, y por convicción de los que estamos en él, hemos hecho pública al 100% nuestras declaraciones patrimoniales, ello ha generado que la lógica de la transparencia plena en las declaraciones juradas y de intereses patrimoniales vaya ganando terreno”, mantuvo la secretaria de Estado.
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