El voto de castigo también es democracia: Lorenzo Córdova

Al concluir la jornada electoral del 1 de julio de 2018, a través de las redes sociales, empezaron a circular mensajes con un planteamiento en común: los resultados de las elecciones anunciaban un “verdadero” cambio político para el país y significaban la celebración de un proceso “realmente” democrático.

Se trataba de líneas publicadas en Twitter y Facebook, en gran medida, por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador quien para la tarde de aquel histórico día de votaciones fue declarado como el candidato con una clara tendencia de votación a su favor.

Pero el cambio en el escenario político del país no es un indicador de que México se convirtió en un país más democrático, sino que, por el contrario, este cambio es consecuencia “de que en México ya había condiciones democráticas”, apunta Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Lo que ocurrió el 1 de julio en realidad es la consecuencia de que en México ya había condiciones democráticas. El cambio, la llegada de la izquierda al poder es producto de lo que se había venido trabajando antes. Entre 2014 y 2018 tuvimos el fenómeno de alternancia más intenso que hayamos tenido en un periodo similar. En la historia del país nunca había tanta alternancia en el poder, en el plano municipal, en el plano de diputaciones locales, en el plano de gubernaturas, en el plano de diputaciones federales, en el Senado de la República y en la presidencia de la República se constató algo que ha venido ocurriendo reiteradamente en las últimas dos décadas”, detalla Córdova.

A nueve meses de concluido el proceso electoral más grande de la historia moderna del país, el titular del INE reflexiona acerca del supuesto cambio político anunciado por López Obrador, bautizado como “La Cuarta Transformación de México”; la concentración de poder político en Morena, un partido surgido apenas en julio de 2014 y que llevó a López Obrador a la presidencia de la República; y el funcionamiento de la institución que representa en medio de la reducción de recursos más amplia desde su creación.

La concentración del poder y el voto de castigo

Una de las condiciones naturales de la democracia es que no existen grupos “que lo ganen o lo pierdan todo” o que permanezcan de forma permanente en el poder, incluso en un país como México en el que un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), estuvo por más de siete décadas frente a los gobiernos mexicanos.

Actualmente el escenario político del país se concentra en torno a la figura del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión en el que en ambas cámaras están dominadas por Morena. Sin embargo, Córdova descarta que este sea un escenario similar al que se vivió en el México del siglo 20, debido a que ocurre en un contexto en el que hay diversas instituciones de equilibrio y control de poder además del pluripartidismo político.

“Concentración de poder a diferencia de años previos, sin duda la está habiendo. Pero eso no quiere decir de ninguna manera, que estemos frente a un Estado autoritario o que estamos viviendo una regresión al México del siglo 20. Porque hoy existen muchos mecanismos de control del poder que en el pasado no teníamos.

“Desde hace 28 años se tomó la decisión de sacar a la función electoral del Ejecutivo y fue una decisión muy importante sobre la que se construyó el proceso del cambio democrático del país. Eso sigue ahí y no he encontrado a alguien que haya siquiera insinuado que la función electoral vuelva al Ejecutivo, eso sí sería una regresión antidemocrática, pero nadie está planteando eso”.

Otro elemento que impide que exista concentración de las decisiones de gobierno y políticas en una sola autoridad o un grupo reducido de funcionarios es que existe una ciudadanía cada vez más empoderada y consciente de que el voto sirve para elegir a los representantes del pueblo, pero también para castigarlos ante su ineficacia al momento de gobernar; el 2021 se va a “juzgar la permanencia o pertinencia de las políticas públicas” implementadas por el gobierno de AMLO; y eso “es lo que vuelve democrático al México de nuestros días”.

“En el año 2000 la primera alternancia de la presidencia se hablaba del voto de castigo, creo que en 2018 tuvimos una serie de masivo voto de castigo para una serie de políticas públicas que no estaban resolviendo los grandes problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, de impunidad y de inseguridad, pero es el mismo electorado que va a votar en 2021 pero va juzgar pertinencia o no pertinencia de políticas públicas”.

La permanente y necesaria tensión con el gobierno federal

Como parte de la naturaleza de un órgano autónomo, el INE mantiene una constante y necesaria tensión frente al gobierno federal desde su creación. Sin embargo, durante los últimos meses se tensó la cuerda entre el gobierno de AMLO y la institución que organiza las elecciones en el país luego de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año se redujeron 950 millones de pesos al presupuesto de este órgano autónomo.

“Fuimos objeto del recorte más bajo de nuestra historia y eso producto de una decisión, no leo intenciones, el punto es que sí fue una decisión no suficientemente pensada.

Una decisión que fue en consecuencia irresponsable, porque colocó al INE en una situación que nunca se había visto, en sus 28 años primero como IFE y como INE habíamos estado en una posición de no tener presupuesto para poder cumplir todas nuestras obligaciones legales y nuestras atribuciones constitucionales en el presente año. Es decir, tenemos dinero peor no nos va a alcanzar para terminar este año”.

Además de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y una ampliación presupuestal del orden de 619 millones de pesos, el INE presentó en enero de este año una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que la reducción presupuestal vulneraba la autonomía e independencia del Instituto.

“No es pertinente ni lo deseable que un órgano autónomo le pida dinero al gobierno para realizar su función, es una de las debilidades que hemos identificado a nivel Estatal que prácticamente todo el tiempo necesitan ampliaciones presupuestales.

“La autonomía del instituto se va a seguir defendiendo, pero no es pertinente que se le coloca a una institución que es una institución de garantía de derechos, de imparcialidad en las contiendas electorales, en una situación de dependencia. Confío que sea una situación excepcional por eso el INE por primera vez presentó en su historia una controversia constitucional contra ese recorte, porque además hay una paradoja, el recorte ocurre cuando crece el gasto público. El gasto público de 2018 a 2019 creció de 5.4 billones a 5.8 billones y justamente es cuando llega la reducción de 10% del INE”, apunta.

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