Rappi, Amazon, Mercado Libre, Uber Eats, Didi, entre otras empresas de entrega, pagarán por utilizar la infraestructura de la metrópoli.
El Gobierno de la Ciudad de México publicó este jueves en la Gaceta Oficial el incremento del 2 por ciento del impuesto a las aplicaciones de reparto, con lo que se hace oficial la entrada en vigor del nuevo gravamen.
Rappi, Amazon, Mercado Libre, Uber Eats, Didi, entre otras empresas de entrega, pagarán por utilizar la infraestructura de la metrópoli.
Aunque la Gaceta de la CDMX no especifica en sus apartados a partir de cuándo las plataformas digitales deberán realizar este pago, el artículo 307 aclara que el impuesto es intransferible, es decir, las firmas no podrán transferir este gravamen a los usuarios.
“El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía” especifica el documento.
Hace un par de semanas, el tesorero de la CDMX, Roberto Fernández, confirmó esta información al explicar que buscan autoridades capitalinas que este nuevo gravamen lo paguen las aplicaciones y no los consumidores, pues durante la pandemia crecieron exponencialmente estas compañías.
“Sí queremos gravar esta nueva actividad de comercio digital, con este aprovechamiento del 2 por ciento del total del pago, para que lo paguen las plataformas, no los usuarios, no los repartidores, debido a que está nueva actividad de comercio digital no está de alguna manera gravada y va cambiando la realidad”, enfatizó.
Sin embargo, cuando se dio a conocer la noticia sobre que se reformaría el Código Fiscal de la capital mexicana, empresarios y organismos, como la Coparmex, aseguraron que dicha alza resultará en una “modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios”.
Además, acusaron que este impuesto es a todas “luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”.
El Financiero