José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador usa como arma política a la Fiscalía General de la República (FGR) para frenar a los candidatos punteros en la elección de Nuevo León.
“Hoy, vemos que se ha puesto en evidencia la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República al utilizarla como arma política y exhortar a que investigue a los candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León por diversos actos considerados como delitos electorales”, dijo representante empresarial.
El líder del sindicato patronal señaló que ven con preocupación la creciente intromisión de los gobiernos en los órdenes federal, estatal y municipal en la elección, un gesto que deteriora la democracia.
El 6 de junio de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección más grande en la historia de México, ya que serán elegidos 21 mil cargos públicos y participarán 93.5 millones de votantes potenciales.
Serán electos unos 15 gobernadores, así como 30 congresos locales se renovarán, así como 1,923 ayuntamientos.
El 10 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, y a su esposa Mariana Rodríguez Cantú por usar dinero dinero y aportaciones ilícitas para impulsar la campaña electoral.
“Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel García Mascorro; de su esposa Mariana Rodríguez Cantú; y del padre de ésta, Jorge Jorge Gerardo Rodríguez Valdés”, informó entonces la entidad a cargo de Alejandro Gerzt Manero.
Los familiares de Samuel García Sepúlveda son investigados por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales, dijo la FGR.
También la FGR está detrás de Adrián de la Garza Santos, candidato a gobernador de Nuevo León, quien solicita el voto de las mujeres a cambio de entregarles la Tarjeta Regia, la cual dará dinero cuando gane las elecciones del 6 de junio de 2021.
“Se ha abierto la carpeta correspondiente atribuida a Adrián de la Garza Santos por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada Tarjeta Rosa, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León”, informó en su momento la entidad a cargo de Alejandro Gertz Manero.
La promesa del exprocurador General de Justicia de Nuevo León y exalcalde de Monterrey significa que está comprando y coaccionando el voto de los ciudadanos, dijo Fiscalía.
El presidente de Coparmex dijo que la ley electoral es muy clara en cuanto que los gobiernos deben respetar el periodo de veda electoral.
“Es preocupante que se utilice la posición de gobierno para denostar a Consejeros del Instituto Nacional Electoral o a candidatos de oposición, así como se ha señalado a gobernadores y presidentes municipales con intromisiones en estados como Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas”, manifestó José Medina Mora Icaza.
El caso más grave de la intromisión política fue realizado por Lizbeth Victoria Huerta, presidenta municipal con licencia de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, por ser presunta responsable de la desaparición forzada de la activista, Claudia Uruchurtu Cruz quien era una crítica de su reelección.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en riesgo al sistema democrático al inmiscuirse en la contienda electoral en diversos Estados, expresó el líder de Coparmex.
“Desde el inicio de la presente administración diversos colectivos alertaron por la creación de una figura con visos de inconstitucionalidad como la de los superdelegados que serían interlocutores con los gobiernos locales y encargados de la política social en las entidades”, agregó.
El dirigente de Coparmex recordó que el INE apercibió al presidente por el uso reiterado de la conferencia matutina para realizar pronunciamientos que pueden considerarse propaganda gubernamental en tiempos de campaña, conductas que contravienen al artículo 41 constitucional
“Se ha ignorado la petición para que se abstenga de difundir logros de gobierno, incluyendo programas sociales, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias”, añadió.
El Ejecutivo Federal ha señalado a actores sociales, organismos de la sociedad civil e incluso al gobierno de los Estados Unidos de financiar a uno de estos organismos, agregó.
“Sin embargo, es esta participación de la sociedad civil la que favorece el avance de la democracia”, comentó José Medina Mora Icaza.
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