La Cámara de Diputados integró los acuerdos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el dictamen para regular la subcontratación o outsourcing ilegal, con lo que se prevén multas de casi 500 mil pesos a las empresas que no se regularicen a través de un padrón nacional.
Según el dictamen —ya corregido—, que será discutido la próxima semana en comisiones, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, en un plazo de tres meses, a partir de que entre en vigor el decreto, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo, y para integrarse a ese padrón tendrán que acreditar que están al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Cada tres años, ese permiso deberá ser renovado y el padrón se hará público.
En caso de que una empresa no cuente con su registro será acreedora a una multa de hasta 448 mil 100 pesos. También se fija que la participación de utilidades tendrá como límite tres meses del salario del trabajador.
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