Los fabricantes piden que se desestime el caso y alegan que el Estado mexicano no ha comprobado que sean responsables de la violencia que azota al país
Los gigantes de la industria armamentista finalmente rompen el silencio tras ser acusadas por México de tráfico de armas. Las fabricantes han pedido este lunes que se deseche la demanda bajo dos argumentos principales: que el Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio y que no ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia que azota al país. En algunos casos, se alega que las compañías demandadas gozan de inmunidad en la legislación estadounidense vigente. La respuesta está dentro de lo que ya esperaban los litigantes mexicanos, que tendrán hasta el 22 de enero del próximo año para responder de manera formal.
México demandó en septiembre pasado a 11 compañías estadounidenses por prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa. Desde la perspectiva mexicana, las empresas se han enriquecido a expensas de armar a carteles del narcotráfico y otros grupos criminales, siendo deliberadamente omisos y negligentes en los controles de a quién se venden y dónde terminan sus productos. La querella se ha convertido en un asunto prioritario para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el titular de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha llevado este mismo lunes las consignas mexicanas a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El debate encabezado por la delegación mexicana en la ONU coincidía con un día clave en el litigio: este lunes se vencía el plazo para que las empresas respondieran a la demanda civil, un documento de 130 páginas. Sturm, Ruger & Company cuestionó en un memorándum que México busque celebrar el juicio en Massachusetts. “El Gobierno mexicano no es un ciudadano de Massachusetts”, se lee en el escrito, en donde se argumenta que no se ha logrado establecer de forma directa que la firma sea responsable de la violencia armada. “Es justo concluir que el Gobierno mexicano simplemente salió a buscar un foro y concluyó que Massachusetts podría ser un foro favorable a sus demandas”, se agrega.
Barrett, fabricante de uno los fusiles preferidos por los grupos criminales, según las autoridades mexicanas, se desentiende de las acusaciones y dice que es, en realidad, responsabilidad de México combatir el tráfico ilegal. “Todas las acusaciones surgen de actos de criminales que compran armas ilegalmente, que las introducen de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos, que las entregan ilegalmente a otros criminales que forman parte de carteles del narcotráfico y que después abusan de esas armas de manera criminal en México”, se lee en otro documento presentado ante la corte.
Los argumentos se repiten en cada escrito de la defensa: cuestionan que Massachusetts sea una jurisdicción que pueda admitir la demanda y que se exista una relación directa entre los fabricantes de armas y los grupos criminales. “La preocupación por el tráfico ilegal de armas de fuego a México es compartida a nivel nacional”, argumenta, por ejemplo, Glock. “Sin embargo, no se alega que ningún ciudadano de Massachusetts sufriera daños por la conducta que se reclama en la querella”, agrega.
Colt, otro conocido fabricante, añade que la demanda debe desestimarse bajo la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado por los propios fabricantes durante la Administración de George W. Bush que los blinda de cualquier litigio iniciado por terceros en suelo estadounidense. “La inmunidad de PLCAA está sujeta a pocas excepciones”, dice la compañía. El equipo mexicano defiende que esas normas no tienen un alcance extraterritorial y como los daños se produjeron en México, las empresas no gozan de inmunidad legal.
Los 11 demandados emitieron una respuesta en conjunto y algunos de ellos, otra por separado. “Las compañías de armas fuego no tienen el deber legal de proteger al Gobierno mexicano de criminales mexicanos que abusan de esas armas en México”, se lee en el memorándum conjunto, que tiene más de 40 páginas.
Funcionarios mexicanos dijeron a EL PAÍS que estaba prevista una “campaña de desprestigio”, buscando retratar a las autoridades del país como incompetentes y corruptas. “Comienza la esgrima jurídica”, ha dicho Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, a cargo del caso. “Hoy no se gana ni se pierde el litigio”, insistió Celorio a través de redes sociales.
Después de que México responda, el juez deberá decidir si se analiza la propuesta de desestimar el caso o si se sigue adelante con el litigio. Ambas partes han anticipado un proceso largo. La cifra de reparación que se había manejado hace meses era de miles de millones de dólares, pero para llegar a un juicio y un veredicto es posible que pasen meses o, incluso, años. Más allá de lo legal, la batalla mediática y diplomática ya escribe sus primeros capítulos.
El País