Lupita Jones, candidata de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD al gobierno de Baja California, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla por lavado de dinero, peculado y colusión.
La denuncia está relacionada con el cobro de servicios de agua en la entidad donde, de acuerdo al equipo jurídico de la campaña de Jones, tres empresas habrían triangulado alrededor de 278 millones de pesos, para apoyar la campaña de la morenista Marina del Pilar Ávila, que contiende por Morena.
Jones acusó que el gobierno de Baja California contrató a la empresa Fisamex, bajo la razón social Romafan, y que cobra al estado el 20% de la recaudación por el derecho de agua a cambio de auditar y calcular adeudos.
Romafan S.A. DE C.V. recaudó para el estado más de mil millones de pesos, por lo que recibió 278 millones de pesos, mencionó Juan Marcos Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de la candidata.
Dicha empresa, depositó 63.8 millones de pesos a Salhec, una firma constructora creada en mayo del año pasado, y después transfirió 162.4 millones de pesos a Fiscales de Agua, empresa fue creada en septiembre de 2020.
“Es alarmante la forma como estas personas han operado de manera arbitraria, sin justificación, fuera de la ley, y sometiendo al ciudadano a extorsiones e intimidaciones, retirando medidores de agua”, acusó Jones Garay.
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