Con López Obrador en el poder se cobraron adeudos de impuestos a grandes empresas, se terminó la amnistía fiscal y se aprovechó la digitalización de procesos para identificar discrepancias.
A tres años de haber iniciado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido un desempeño positivo en materia tributaria, pues ocurrió lo que nunca se hubiese imaginado en sexenios anteriores:
Un mayor cobro de impuestos a las grandes empresas y la falta de un programa de amnistía fiscal para la condonación de estos pagos en los primeros años a la llegada de un nuevo gobierno federal, tal y como marcaba la tradición de los gobiernos priístas y panistas.
Se le dio continuación al plan del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de terminar con las empresas factureras y fantasma que tuvieron auge en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Aristóteles Nuñez como jefe del fisco.
En 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tipificaron como delitos el contrabando, la defraudación fiscal y la falsificación de facturas, y se impuso la prisión preventiva oficiosa para este tipo de casos.
En tanto, la digitalización de procesos ha ayudado a perfeccionar las estrategias del fisco para detectar discrepancias de los contribuyentes y ser más eficiente a la hora de cobrar impuestos.
Recaudación récord
La generación de recursos por instrumentar estas medidas ayudó a amortiguar las caídas por la baja producción y venta de la mezcla mexicana de petróleo, además de la menor actividad económica.
En mayo de 2021, luego del azote financiero y económico de 2020, la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings ratificó el grado de inversión para la deuda soberana mexicana indicando que “los ingresos tributarios superaron las expectativas al aumentar en términos reales, en contraste con recesiones anteriores”, lo que contribuyó al gobierno a no incrementar la deuda pública.
El SAT, encabezado por Raquel Buenrostro, logró que en pleno año de la pandemia (2020) el pago de impuestos de ciudadanos y empresas haya representado el mayor porcentaje en la generación de ingresos públicos desde 2007, con 62.5%.
“La pandemia trajo consigo una actividad económica casi nula. México sufrió los efectos de la crisis económica y financiera mundial. Se tuvo una caída importante en los precios del petróleo, sin embargo, y contrario a lo que se esperaba, la recaudación en México no experimentó una pérdida significativa por lo que no fue necesario la creación, ni el establecimiento de nuevos impuestos”, explicó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal.
El funcionario agregó que si la recaudación hubiera reaccionado de la misma forma que en las crisis de 1995 y 2009 se habrían perdido por lo menos 370,000 mdp entre 2019 y 2020.
Cifras actualizadas de Hacienda refieren que en 1995 la recaudación de ingresos tributarios cayó 21.3% frente a 1994; en 2009 creció 7.9% real anual, y en 2020 frente a 2019, apenas creció 0.8% real anual.
Promesa
López Obrador prometió no aumentar los impuestos, al menos en la primera mitad de su periodo, y el no haberlos incrementado para 2022 se ve como algo positivo frente a la crisis económica que se vive alrededor del mundo, explicó Héctor Amaya, vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Los cambios en materia fiscal, sin necesidad de una gran reforma, se han sustentado en limitar las deducciones o gravando los ingresos de los contribuyentes ya cautivos, señaló por su parte Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Cobro a grandes empresas
El cobro de adeudos fiscales anteriores a grandes empresas, en los últimos dos años, ha sido una de las acciones bandera de esta administración. Walmart, BBVA México, Grupo Modelo, América Móvil, IBM, FEMSA y Grupo BAL han sido solo algunas de las empresas que han llegado a acuerdos con la autoridad para el pago de sus impuestos, sin necesidad de judicialización.
En 2019, el primer año de la actual administración, el promedio de la recaudación por cada acto de fiscalización a grandes contribuyentes, alcanzó el monto más alto del que se tiene registro: 355 millones de pesos (mdp) reales. En 2020 se registró el segundo más alto: 253 mdp.
El promedio en 2019 es 195% mayor que el promedio de 182 mdp en 2013; el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Adiós condonaciones
Otro factor que ayudó a la recaudación de impuestos, fue la eliminación de programas para la condonación de impuestos. El objetivo de lanzar este programa cada inicio de sexenio era recaudar el mayor monto posible, en un tiempo determinado a través de acuerdos entre la autoridad fiscal y los deudores; pagar un monto determinado y a cambio de condonaciones de multas y recargos.
En 2013, en el gobierno de Peña Nieto, se incluyó en la ley de ingresos el programa para la condonación de créditos fiscales (recargos, multas) por los ejercicios fiscales del 2007 al 2012. También se lanzó el programa “Ponte al corriente” para los ejercicios 2012 y 2013, por el pago y declaración de ISR.
Un programa similar se aplicó en 2007, el primer año del gobierno de Felipe Calderón conocido como el programa de recuperación de cartera vencida del SAT.
En 2019 no se lanzó programa de amnistía fiscal, y el 11 de febrero de 2020 el Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos, a través de la modificación del primer párrafo del artículo 28 constitucional.
‘Huachicol de cuello blanco’
El 20 de mayo de 2019, cuando el presidente firmó el decreto para esta reforma informó que en dos sexenios se habían condonado 400,000 mdp. El grupo parlamentario de Morena en el Senado estimó más de 500,000 mdp para el mismo periodo.
“Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales”, declaró López Obrador, el día de la firma del decreto.
En 2019 y 2020, el SAT recaudó más de la mitad de lo condonado en dos sexenios, por actos de fiscalización a grandes empresas: 244,049 mdp, detallan cifras de Hacienda, esto significó 134,558 mdp más que la meta planteada.
Delitos y prisión
En 2019 se tipificaron como delitos el contrabando, la defraudación fiscal y la falsificación de facturas, y se impuso la prisión preventiva oficiosa para este tipo de casos.
Un análisis del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refirió en febrero de 2021, que “en evidencia anecdótica abundante”, el SAT ha actuado con intimidación utilizando implícitamente la relación entre el delito de defraudación fiscal y el de extinción de dominio -y prisión de oficio-, frente a presuntos deudores del fisco a fin de presionarlos a llegar a un arreglo conveniente para el fisco.
El pasado 25 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas de 2019 para dictar “prisión preventiva oficiosa” por delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas. No obstante, la Procuraduria Fiscal de la Federación busca que se permita usar la «prisión preventiva justificada».
No es suficiente
Economistas y fiscalistas han considerado el esfuerzo de la autoridad en materia tributaria como un coadyuvante en la generación de ingresos públicos, no obstante en el mediano y largo plazos no son una solución para las finanzas públicas pues representan ingresos no recurrentes.
“A las empresas que ya revisaste y se pusieron al corriente no las podrás revisar en mucho tiempo. Qué bueno que haya una eficiencia administrativa, que bueno que se haga el cobro de créditos fiscales, está muy bien, en México hace falta, pero eso no va a resolver el problema de las finanzas públicas”, dijo Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público del centro de investigación, México Evalúa.
Para 2022 no se prevé que incrementen los impuestos, además de que existen incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas se unan al sector formal, detalla Fitch en su último análisis soberano publicado el 17 de noviembre.
“Nosotros para el próximo año vemos difícil, por ejemplo, que se cumpla con la meta de ingresos por el cobro de ISR”, comentó Mariana Campos.
Añadió que el cobro del ISR depende en gran medida del crecimiento de la economía, la cual tendrá un menor dinamismo el próximo año; además de que los planes que implementará el fisco, como el régimen de confianza, para aumentar la recaudación tendrán resultados en el mediano plazo.
Expansión Política