La primera prueba para Loretta Ortiz Ahlf como ministra de la SCJN será el debate sobre el acuerdo para el uso regular y permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ahí se verá si mantendrá su independencia del Poder Ejecutivo.
Con la llegada a la Suprema Corte de una nueva ministra, quien admite sus afinidades con el gobierno de la 4T, el presidente López obrador aspira a que el máximo tribunal de justicia no invalide las reformas que impulsa. La primera prueba para Loretta Ortiz será el debate sobre el acuerdo para el uso regular y permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ahí se verá si mantendrá su independencia del Poder Ejecutivo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la designación de Loretta Ortiz Ahlf como ministra, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca consolidar su influencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por primera vez en el sexenio podría aspirar a que el pleno del máximo tribunal no invalide las principales reformas legales que su gobierno impulsa.
En el interés del presidente están el acuerdo que dispone el uso de las Fuerzas Armadas en labores permanentes de seguridad pública y las restricciones que el gobierno federal pretende imponer a la iniciativa privada en la industria eléctrica.
También está el “decretazo” del lunes 22, con el que el titular del Ejecutivo pretende blindar sus obras y proyectos con el argumento de que se trata de asuntos de “seguridad nacional”, y que derivará en juicios de constitucionalidad que deberá resolver la SCJN.
Las votaciones en dos leyes clave promovidas por el actual gobierno, como la inclusión de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y la ampliación de mandato del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, demuestran que López Obrador no puede contar con la incondicionalidad de las tres ministras y el ministro que ahora ocupan un lugar en el pleno de la Corte gracias a la nominación presidencial, así como al voto de la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en el Senado.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá han dado muestras de que su voto a favor de algunas leyes y normas puede ser completamente independiente del favor presidencial y de que no le deben lealtad absoluta a López Obrador.
En el caso de la ministra Margarita Ríos-Farjat, su voto a favor de imponer la prisión automática para delitos fiscales fue afín a la postura de Palacio Nacional, y apenas la semana pasada presentó un proyecto de sentencia favorable al uso permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otra norma que forma parte del proyecto político-legislativo de López Obrador.
En contraste, Ríos-Farjat votó por la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalizan el aborto, un tema totalmente excluido de la agenda presidencial. Además estuvo ausente en la votación que declaró la inconstitucionalidad del artículo transitorio de la reforma judicial que pretendía ampliar el mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dos años.
Esquivel Mossa y González Alcántara Carrancá votaron contra ese artículo transitorio de la reforma judicial, dos votos que, sumados a la mayoría de los otros seis ministros, permitirían invalidar las reformas legales impulsadas por el actual gobierno.
Así, de los cuatro votos que requiere el presidente de la República para que sus reformas legales pervivan y no sean declaradas inconstitucionales por una mayoría de ocho ministros, al menos los que corresponden a Esquivel y González Alcántara Carrancá no son incondicionales 100%. El de Ríos-Farjat también queda en duda.
Para Ortiz Ahlf, quien tomará posesión el próximo mes, la oportunidad de reflejar su independencia u obediencia al jefe del Ejecutivo podría llegarle con el debate sobre el acuerdo para el uso regular y permanente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, donde el proyecto de López Obrador ya cuenta con un primer voto a favor, el de la propia Ríos-Farjat, autora del proyecto de sentencia.
Por lo anterior, faltarían tres votos más para que la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados con apoyo de agrupaciones civiles, fuera desestimada; es decir, que seguiría vigente y en aplicación a pesar de que otros siete ministros hubieran votado por su invalidez.
Oposición silenciosa
Sin confrontarse políticamente con López Obrador, ya que evitaron participar como oradores en la sesión pública sobre este asunto, Esquivel Mossa y González Alcántara Carrancá votaron contra el artículo transitorio de la reforma judicial que ampliaba el mandato del actual presidente de la Corte, Zaldívar Lelo de Larrea, por un periodo de dos años.
En otras palabras, votaron contra la pretensión de López Obrador, pero evitaron sumarse a los duros pronunciamientos que emitieron otros siete ministros en la sesión del pleno que invalidó el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual ampliaba hasta 2024 el mandato de Zaldívar, además de extender un año más el mandato de los seis consejeros de la Judicatura Federal que se encuentran en funciones, tres de los cuales llegaron al cargo a propuesta del actual gobierno.
En el análisis de este asunto, el ministro presidente de la Corte también votó contra el cuestionado artículo transitorio de la reforma judicial, pero previamente había cabildeado a favor de la ampliación de su mandato al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El resultado fue una aplastante unanimidad de 10 votos por declarar la inconstitucionalidad de la reforma que López Obrador impulsó con el argumento de combatir la corrupción en las filas del PJF, particularmente de jueces y magistrados.
Los 10 ministros que votaron contra esta norma que afectaba la autonomía del Poder Judicial, uno de los argumentos principales para invalidar la ampliación de mandato, demostró que el bloque de ministros a favor del proyecto de López Obrador no es tal, por lo que no existe la garantía de un voto incondicional a favor de la reforma eléctrica ni de otras leyes que la mayoría legislativa de Morena ha aprobado en el Congreso.
La nueva ministra
El Senado eligió el martes 23 a Ortiz Ahlf como nueva ministra con 92 votos de 114 posibles, con lo que se convertirá en la cuarta mujer que ocupe un lugar en el pleno actual de la Corte.
Cercana a López Obrador, Ortiz se desempeñaba como consejera de la Judicatura Federal por encargo del propio presidente. A partir del 13 de diciembre sustituirá en la Corte a José Fernando Franco González Salas, ministro ponente del proyecto de sentencia que decretó la muerte legal de la ampliación de mandato del presidente de ese cuerpo colegiado.
Franco González Salas pasará a situación de retiro tras cumplirse 15 años de su designación. Sus votos favorecieron dos reformas emblemáticas de la actual administración: el tope salarial para que ningún servidor público, incluyendo a organismos autónomos, gané más dinero que el presidente de la República y la ampliación del catálogo para imponer prisión automática a delitos de carácter fiscal.
Sin embargo, nunca fue parte del bloque que el gobierno de López Obrador pretendió formar para validar las reformas constitucionales que ha impulsado la 4T.
A pesar de que Ortiz Ahlf tiene un perfil más cercano al proyecto político de la 4T, que sustituya a Franco González Salas, no es garantía de cambiar el equilibrio actual de la Corte, ya que aun teniendo el voto favor de este ministro, el gobierno de López Obrador no logró la mayoría suficiente para que se reconociera la constitucionalidad de la prisión automática para delitos fiscales.
El voto perdido de Alcántara Carrancá
Franco González Salas fue autor de un proyecto de sentencia que proponía reconocer la constitucionalidad de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional, que pretendía imponer prisión preventiva oficiosa, es decir, de forma automática, a las personas que sean imputadas por incurrir en presuntos delitos fiscales.
Con la postura de Franco, junto con los votos de Ríos-Farjat y Esquivel Mossa, designadas ambas a propuesta de López Obrador, este bloque se quedó a un solo voto de los cuatro que se requerían en el pleno de la Corte para desestimar las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las minorías parlamentarias del Senado.
Es decir, con un voto más a favor del proyecto de sentencia, la prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal, contrabando y la compra, venta y expedición de facturas para simular operaciones comerciales, así como otros ilícitos equiparables, seguiría vigente en los códigos penales y la Ley de Seguridad Nacional
Pero el cuarto voto, correspondiente a otro de los ministros propuestos por López Obrador, Juan Luis González Alcántara Carrancá, nunca llegó.
La postura de González Alcántara fue decisiva para que el pleno de la Corte alcanzara la mayoría calificada de ocho votos que se requieren para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ya que había tres votos a favor de reconocer la constitucionalidad de la norma que contemplaba la prisión oficiosa para delitos fiscales.
La sentencia de la SCJN sobre este tema provocó una inmediata reacción del Ejecutivo federal, quien en su conferencia matutina del pasado 26 de octubre lamentó que los ministros hayan votado a favor “de los poderosos, del dinero” y de “los delincuentes de cuello blanco”.
El primer mandatario expresó su molestia con el fallo del máximo tribunal, pero también con el ministro González Alcántara Carrancá, que llegó al cargo a propuesta suya y a contracorriente de los llamados de organizaciones civiles y legisladores de oposición para evitar la llegada a la SCJN de las “cuotas y cuates” que en el pasado han caracterizado las designaciones de ministros y ministras.
Cuando López Obrador ganó las elecciones para convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de México, González Alcántara fungía como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Así, entre 2000 y 2003 ambos lograron construir una relación fluida y de colaboración entre los poderes locales.
Sin reacomodo
El retiro de Franco González Salas permitirá a López Obrador presentar la última designación de su sexenio para influir en el pleno de la SCJN, ya que las próximas vacantes no se darán hasta diciembre de 2024, cuando se vencen los periodos de Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar Morales.
Si se suman los votos de los cuatro ministros que el Senado ha designado a propuesta de López Obrador, la 4T podría apostar a que todas las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra sus reformas legislativas sean desestimadas, garantizando su permanencia en la ley.
Sin embargo, la suma de estos votos –además de ya no contar con el sufragio de González Alcántara Carrancá– tampoco tiene garantizada la incondicionalidad de Esquivel Mossa.
Presidenta de la Segunda Sala, Esquivel Mossa votó por invalidar la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en la sesión pública del martes 16, aunque evitó fijar su postura en el pleno.
Su voto contra dicha norma tiene una explicación personal: es una de las aspirantes a convertirse en la primera presidenta de la SCJN en diciembre de 2022, cuando Zaldívar deje el cargo.
En materia de energía eléctrica, un sector clave para el actual gobierno, Esquivel votó por declarar la inconstitucionalidad del “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” que restringe el acceso al mercado del sector privado en la generación y comercialización de energía eólica y solar por presuntos abusos y concesiones excesivas.
Además, en abril pasado propuso un amparo para que la Segunda Sala protegiera a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo a fin de que el gobierno federal le devuelva a la familia 338 millones 962 mil pesos, más intereses acumulados durante 14 años, por concepto de impuestos presuntamente pagados de manera excesiva.
Carmela Azcárraga era hermana del fallecido expresidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, y el impuesto que el gobierno de López Obrador está obligado a devolverle es producto de la venta en 2007 de las acciones que tenía de la televisora. El costo actualizado de esta sentencia podría llegar a los mil millones de pesos, según cálculos del titular del Poder Ejecutivo federal.
Este fallo del máximo tribunal fue calificado como “insensible” por López Obrador, pero Esquivel también ha favorecido con sus votos otras reformas emblemáticas del actual gobierno, particularmente en el caso de la constitucionalidad de la prisión oficiosa o automática para el caso de delitos fiscales.
En el caso de Ríos-Farjat, su apoyo a la prisión oficiosa para delitos fiscales se explica por su desempeño como titular del Servicio de Administración Tributaria durante el arranque del gobierno de López Obrador, cargo desde el que fue la principal responsable de combatir la evasión y defraudación fiscal, en especial la que se deriva de las operaciones simuladas mediante los negocios de las llamadas empresas “factureras”, por lo que su voto fue considerado congruente.
En materia de topes salariales, su voto ha sido contra amparar a los funcionarios de organismos autónomos que quieren conservar remuneraciones por encima del salario del presidente.
El arribo al pleno de una ministra que represente los intereses del gobierno de López Obrador, como es el caso de Loretta Ortiz, además de no ser suficiente para impedir las mayorías calificadas en la SCJN –la cual permite invalidar leyes inconstitucionales–, tampoco es garantía de que vaya a evitar la emancipación de las ministras y el ministro que ya fueron designados en este sexenio.
Proceso