`Evidentemente sólo tienen propósitos políticos´, acusa el presidente del INE.
Luego de que la denuncia fue retirada por el quejoso, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció por que la Fiscalía General de la República (FGR) cierre definitivamente la investigación contra los seis consejeros que votaron por suspender, de manera temporal, la organización de la revocación de mandato.
A través de su mensaje dominical compartido en su cuenta de Twitter, Córdova Vianello dijo que “las denuncias penales contra servidores públicos se persiguen de oficio, y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República; ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes, y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”.
A pocos días de que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó la querella, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero abrió la carpeta de investigación correspondiente.
Córdova Vianello destacó que, por la presión pública de académicos, líderes de opinión, asociaciones gremiales, políticos y hasta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se obligó al morenista a rectificar su acción.
“Recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios: perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos. Recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir”, externó.
Resaltó que nunca, en toda la historia de la autoridad electoral, desde los tiempos del IFE, había sucedido algo similar.
“Lo que ocurrió es grave, muy grave, se traspasó una frontera que debería ser infranqueable. Se pretendió usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado, por el simple hecho de que piensan distinto”.
El consejero presidente también recordó que el organismo sigue organizando la revocación de mandato, una vez aprobado el acuerdo, el pasado jueves, en el que se acatan las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); este último en particular ordenó rehacer un ajuste presupuestal para la consulta.
El Financiero