La rapidez acelerará la producción de los nuevos campos, pero sin una supervisión robusta del plan de operativo y de inversión por parte del órgano regulador, el aprovechamiento de los yacimientos podría no ser el óptimo, plantea experto.
Acelerar la aprobación de los planes de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en sus nuevos yacimientos puede ser efectivo para iniciar la producción rápidamente, pero también plantea el riesgo de que la explotación de campos no se haga de manera óptima, alertaron expertos.
El fin de semana pasado, Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, aseguró durante la presentación del Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos que en el caso de algunas de sus asignaciones, como el campo Xikin en las costas de Tabasco “la negociación con los órganos reguladores nos permitirá reducir los tiempos para obtener la primera gota de aceite de 5 a 1.3 años y que la documentación para la aprobación de los planes de desarrollo se redujo de 270 a 22 días”.
La estrategia del gobierno federal para que Pemex eleve su producción hasta 2.48 millones de barriles al concluir el sexenio consistirá en acelerar la producción de los yacimientos existentes, así como la exploración para que nuevos descubrimientos aporten más de la tercera parte de la extracción al 2024.
Para la presente administración, la meta para Pemex es elevar la producción de 1.85 millones de barriles diarios hasta 2.48 millones de barriles para el cierre del 2024, lo que equivale a un incremento de 34 por ciento.
En México, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) quien se encarga de regular desde el punto de vista técnico el mejor manejo de los recursos rumbo a la generación de riqueza para el país en el largo plazo.
Además de 107 contratos que firmó con privados entre el 2015 y el 2018, también tiene la obligación de regular las más de 400 asignaciones que le fueron otorgadas a Pemex en la Ronda Cero y para ello a partir del 2014 se le concedió la facultad de aprobar en plazos máximos todos los planes operativos de las distintas fases de los yacimientos de petróleo y gas, que son exploración, evaluación, desarrollo y cierre de los campos.
“Siempre reducir la burocracia innecesaria será positivo, genera eficiencias y mayor celeridad en la actividad económica, pero no podemos perder de vista que el rol del regulador es velar por los intereses de la nación y que representa la opinión de una autoridad experta que revisa los planes y emite su juicio acerca de si es la mejor manera de explotar los recursos para el largo plazo”, explicó Pablo Zárate, analista de Pulso Energético.
El experto recordó que el país tiene una historia controversial en cuanto a la aceleración de la producción de los yacimientos, como Cantarell —el yacimiento más grande en la historia del país y uno de los 20 más grandes hallados en el mundo en la Sonda de Campeche—, donde analistas coinciden que las inyecciones de nitrógeno para aumentar la extracción en el corto plazo aceleraron la curva de declinación echando a perder oportunidades de largo plazo, al no existir una regulación que obligara a Pemex a tener una ingeniería óptima del yacimiento.
Por lo tanto “se deberá encontrar un balance en los procesos, generar eficiencias, sí con la necesidad de ser un regulador efectivo que salvaguarde los intereses de la nación para no llegar al punto en que se perdieron recursos de forma irremediable”, explicó Zárate.
Por otro lado, la reducción de casi la tercera parte del presupuesto planteado para la CNH en el 2019 se refleja en menos recursos para las unidades responsables de las actividades de supervisión, como son la Dirección de Autorizaciones de Exploración, para la que se propuso un presupuesto 28% menor, que se ubica en 8.676 millones de pesos, o la Unidad Técnica de Extracción, a la cual se le redujo casi 29% el gasto que se ubicará en 3.395 millones de pesos para el 2019.
A ello se añade que para la aprobación de planes la CNH requiere de la autorización de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA) en lo que respecta al cuidado de los recursos naturales y la remediación ambiental para las actividades. De un año a otro, el presupuesto que se proyecta para la ASEA bajó de 614 a 397 millones de pesos, lo que implica que con 35% menos recursos deberá llevar a cabo la supervisión ambiental de todas las actividades petroleras del país y en menos tiempo.
PPEF prevé reducción de 30%
CRE pide al Congreso mayor presupuesto para el 2019
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) solicitó a la Cámara de Diputados que revierta la reducción de 30% de su presupuesto que se prevé en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que contempla una asignación de recursos de 248.3 millones de pesos.
“El Órgano de Gobierno considera que esto representa un obstáculo para la regulación en materia energética del Estado Mexicano, por lo cual solicita de manera respetuosa a la Cámara de Diputados apruebe los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo de manera efectiva sus atribuciones”, expuso en un comunicado.
Con ello, el Órgano de Gobierno apeló al cumplimiento del artículo 32 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que establece que: “la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestarios a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con el fin de que puedan llevar a cabo sus funciones y que el presupuesto total aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir sus funciones”.
En el artículo 29 de la misma ley se establece que los Órganos Reguladores Coordinados pueden disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus servicios para financiar su presupuesto. Lo anterior quiere decir que los recursos asignados por la Cámara de Diputados provienen de los pagos que realizan los permisionarios a la Tesorería de la Federación por los servicios que presta la Comisión, por lo cual, no representan ninguna afectación a los principios de austeridad republicana impulsados por el gobierno de México.
Se espera que para el 2019 se obtengan aproximadamente 1,300 millones de pesos por concepto de derechos y aprovechamientos; en tanto que las erogaciones se estiman en 1,000 millones de pesos. Es decir, la comisión genera suficientes recursos para su operación e incluso contribuye a la hacienda pública, detallaron.
Fuente: El Economista