Siete días después de que negociadores de primer nivel del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se sonreían en Palacio Nacional durante la firma de un acuerdo modificatorio, y en el que anunciaban las bondades de avanzar hacia la ratificación de este acuerdo comercial, hay señales que hacen tambalear la relación diplomática por lo menos entre dos países que confirmaron el pacto.
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE y principal negociador de este acuerdo comercial por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reúne este lunes con su homólogo en Washington para expresar su inconformidad al intento del gobierno de Donald Trump para enviar cinco agregados laborales a su embajada en México, para supervisar la estricta implementación de la reforma laboral.
La supervisión por parte de inspectores laborales estadounidenses a las empresas mexicanas era uno de los objetivos de los congresistas norteamericanos en la negociación de cambios al T-MEC, firmado en noviembre del año pasado. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que en esta segunda negociación se logró evitar esta imposición y en cambio integrar paneles de resolución de conflictos a través de un mecanismo específico.
Pero la iniciativa de ley que se envió al Congreso de Estados Unidos para ratificar el T-MEC en sus anexos propone enviar a cinco agregados para que monitoreen la implementación de la feforma laboral.
“Es importante subrayar que esta iniciativa de ley de implementación no forma parte del Tratado mismo acordado entre los tres países. No es fruto de la negociación trilateral.
“En términos generales, la legislación presentada ayer, en Estados Unidos, contempla los apartados habituales de este tipo de legislación. Sin embargo, adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en nuestro país”, explicó Seade en una conferencia organizada el sábado pasado.
Las agregadurías que forman parte de una misión diplomática y están fundamentadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD), explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado.
De acuerdo con la CVRD, el “Estado receptor”, en este caso México, podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos, señalar que cualquier miembro de la misión no es aceptable.
“Las reglas precisas sobre las condiciones y el procedimiento las establece cada Estado receptor, generalmente, en un documento general accesible para todas las misiones diplomáticas. En el caso de México, dicho documento es la Guía de Protocolo (GP) de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, advierte el documento.
En ese sentido, los agregados laborales que pretenda enviar el gobierno de Estados Unidos a su embajada en México deberán contar con el visto bueno del gobierno de López Obrador, cuyos funcionarios ya han advertido que no permitirán la intromisión de inspectores estadounidenses en empresas mexicanas.
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