CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FPADE) para entregar una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la campaña realizada durante el periodo electoral en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del documental Populismo en América.
De acuerdo con el funcionario, dicha denuncia tiene como objetivo “mandar un mensaje de que este tipo de conductas no se vuelvan a repetir en el sistema nacional electoral”.
Al salir de la FEPADE, Nieto explicó que “la denuncia está relacionada con una posible violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece que no puede haber aportaciones de recursos en dinero o en especie cuando exista una prohibición legal para ello; ésta establece una sanción de tipo penal de cinco hasta 15 años de prisión en caso de que se acredite esto”.
Señaló que la característica de este caso en particular es que la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 54 señala que a los partidos políticos les está prohibido recibir recursos provenientes de empresas mercantiles o de la federación, estados o municipios.
En virtud de esto, detalló, se determinó que pueden existir conductas constitutivas de delito y es importante que las instituciones competentes se pronuncien respecto al caso.
“Es una denuncia de hechos sobre lo que nosotros consideramos que pudiera ser constitutivo, de una conducta delictiva electoral relacionada con El populismo de América, un documental que se presenta durante el 2017-2018 y violando la normatividad electoral” abundó.
Santiago Nieto aclaró que, sobre este caso, la Sala Regional Especializada y la Sala Superior emitió una sentencia en la cual se señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que hacer una investigación respecto al origen de los recursos, para la creación de este promocional y además verificar que se violan las características constitucionales de la propaganda, es decir, si se trataba de propaganda negra.
“Estamos hablando de que el delito de financiamiento de las campañas electorales afecta la democracia y es un delito que es equiparable con el lavado de dinero, de ahí que la UIF tenga competencia. Hemos visto ciertas triangulaciones, incluso ciertas vinculaciones en el ámbito de actividades de carácter gubernamental, secretarías de Estado, coordinaciones de la autoridad, creemos que esto es un compatible con el sistema democrático”, señaló.
Fuente: Proceso