El Servicio de Administración Tributaria embargó las cuentas de dos exfuncionarios por presuntamente dar recursos a empresas fantasma.
Los exfuncionarios a los que el SAT embargó sus cuentas son Francisco Chávez Rangel, ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y de Sergio López Peña, ex rector de la Universidad del Carmen (UNACAR). La medida se tomó debido a irregularidades observadas desde 2011 con la entrega de recursos a empresas fantasma para la compra de equipo digital educativo.
Con recursos del programa federal Habilidades Digitales para Todos, el IEA contrató a la UNACAR por 399 millones de pesos para equipar con tabletas, computadoras de escritorio y otras herramientas a mil 377 escuelas. A su vez, la UNACAR contrató a tres empresas fantasma: Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones S.A. de C.V., Servicios Integrales en Computación R.R., S.A. de C.V. y Prof Tech S.A. de C.V. Según López Peña, la universidad se benefició con 16 millones, empleados en infraestructura y otras necesidades de la institución. Sin embargo, parece ser que los recursos nunca llegaron a su destino. Menos de 100 de las 377 escuelas supuestamente beneficiadas acreditaron la recepción del equipo. Además, las computadoras que sí fueron entregadas se descompusieron tras el primer año de uso, según maestros de los planteles educativos.
Es por ello que en 2017 se resolvió la responsabilidad patrimonial de Chávez Rangel y de López Peña por un total de 283.7 millones de pesos, que no fueron pagados. De modo que el 14 de noviembre del 2018 el SAT giró un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para embargar todas las cuentas de ambos exfuncionarios.
Dicho embargo sigue vigente desde el 24 de noviembre de 2018.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado investiga a Chávez Rangel por irregularidades cometidas durante la administración del priista Carlos Lozano de la Torre.
Asimismo, además de Chávez Rangel y López Peña, también se responsabilizó a la empresa Multiservicios Empresariales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. por un daño patrimonial directo a la Hacienda Federal por 46.2 millones de pesos, y a Martha Alicia Ramos Rodríguez, la entonces directora del programa Umbral de tecnología educativa en Aguascalientes.
Con información de Proceso