El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, condenó enérgicamente las irregularidades en torno al contrato por siete mil millones de pesos firmado en 2020 entre el municipio de Monterrey y la empresa Next Energy, calificando el caso como “el cinismo en su máxima expresión” ante los presuntos conflictos de interés y antecedentes de fraude que rodean el acuerdo.
El funcionario estatal señaló que existen elementos claros sobre quiénes participaron en la firma del contrato y reprobó que se busque desviar la responsabilidad hacia administraciones posteriores.
Flores Serna afirmó que la actual Contralora del municipio de Monterrey figura como socia de la empresa que celebró el contrato para la construcción de un parque eólico que nunca registró avances.
“Hay detectados dos socios en esta empresa que no ha construido nada; uno es la persona que hoy está en la cárcel y la segunda es la actual Contralora del municipio de Monterrey. Yo creo que el chiste se cuenta solo, está mucho más claro que el agua cristalina. Me duele Monterrey, lo que está viviendo es inaceptable”, expresó.
El Secretario General recordó que el contrato fue firmado en 2020 durante la administración del entonces alcalde Adrián de la Garza. Posteriormente, al asumir la alcaldía Luis Donaldo Colosio, se intentó cancelar el acuerdo; sin embargo, explicó que el documento estaba blindado jurídicamente.
“En 2020 se celebra este contrato entre la empresa y el municipio de Monterrey. Luego el hoy senador Luis Donaldo Colosio se convierte en alcalde, detecta este contrato fraudulento y trata de darlo de baja; sin embargo, el alcalde anterior lo dejó lleno de candados jurídicos para impedir su cancelación, y lo más que pudo hacerse fue reducirlo de 30 a 10 años”, detalló.
Asimismo, el funcionario señaló que el propietario de la empresa, Eugenio Javier Maiz Domene, actualmente se encuentra preso en Aguascalientes acusado de fraude en un caso similar, por lo que consideró inadmisible que se intente repartir culpas cuando existen antecedentes documentados.
“Es sumamente ridículo tratar de detectar quién tiene la culpa de un fraude de siete mil millones de pesos si la Contralora de Monterrey es socia de la empresa; es juez y parte, es el cinismo en su máxima expresión”, puntualizó.
Flores Serna subrayó que el Gobierno del Estado mantiene la postura de que se esclarezcan los hechos y que la ciudadanía conozca la verdad completa, reiterando que no se permitirá que se manipule la información ni se distorsione la responsabilidad en este caso.