La reforma establece la ejecución por ahorcamiento en tribunales militares, generando cuestionamientos por su posible aplicación desigual
El parlamento de Israel, la Knéset, aprobó una polémica reforma legal que introduce la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de asesinato con motivación terrorista. La medida ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre una posible aplicación desigual.
La iniciativa fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, y establece que los tribunales militares —que juzgan principalmente a palestinos en territorios ocupados como Cisjordania— deberán imponer esta pena en la mayoría de los casos. En contraste, los tribunales civiles que procesan a ciudadanos israelíes conservan la opción de dictar cadena perpetua, bajo criterios más amplios.
El primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la reforma durante la votación, alineándose con la propuesta impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura clave dentro de la coalición gobernante y conocido por sus posturas ultranacionalistas.
Tras la aprobación, Ben Gvir protagonizó un momento llamativo al intentar celebrar con una botella de champán, aunque fue detenido por personal del recinto. Minutos después, se reportó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia la zona de Tel Aviv, lo que añadió tensión al contexto político del momento.
Durante el debate parlamentario, voces opositoras calificaron la ley como “inmoral” y “discriminatoria”. El diputado Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, aseguró que la medida vulnera principios básicos de igualdad ante la ley.
Previo a la votación, Ben Gvir ya había generado controversia al portar un símbolo alusivo a la horca en su vestimenta, en referencia directa al método de ejecución propuesto. Tras la aprobación, defendió la reforma como una herramienta clave para combatir el terrorismo.
Sin embargo, expertos, organizaciones internacionales y representantes tanto israelíes como palestinos coinciden en que la ley podría reforzar diferencias entre sistemas judiciales y aplicarse de forma desproporcionada. Analistas como Amichai Cohen, del Instituto para la Democracia de Israel, advierten que la normativa podría centrarse exclusivamente en actos cometidos contra el Estado, dejando fuera a otros grupos bajo distintos criterios legales.
El Horizonte