Poco después de haber llegado al poder el 11 de marzo y mudarse a vivir al palacio presidencial, el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, se encontró con un piano que no pudo abrir.
En una entrevista televisiva dijo, bromeando: «Se aceptan proposiciones para arreglar el piano». Y agregó de inmediato que debía ser un servicio ad honorem porque «no hay plata».
Esa frase lanzada al aire de manera casual fue el inicio de una narrativa de la escasez reforzada por sus ministros en torno a ideas como que «el Estado se quedó sin fondos» o «la caja fiscal está vacía».
Para disminuir el déficit fiscal, Kast puso en marcha su propia motosierra de recortes al estilo chileno, como lo hizo Javier Milei en Argentina.
Con la bandera de la austeridad y la eficiencia del gasto público, el gobierno anunció recortes cercanos a los US$2.000 para «ordenar las finanzas» y estabilizar la deuda fiscal.
El gobierno está impulsando «un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales», dijo Kast a comienzos de junio en su primera Cuenta Pública, el discurso anual ante el Congreso.
Los recortes -que han afectado a múltiples ministerios- tocaron el presupuesto de carteras tan sensibles como salud y educación, provocando multitudinarias protestas en las calles de Santiago.
«El gobierno demostró que va a gobernar para los poderosos», criticó Andrea Abarca, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) durante una de las movilizaciones.
Para el gobierno uno de los objetivos centrales es evitar que el Estado gaste por encima de sus posibilidades, dice, pero el camino no se ve fácil. Recientemente le pidió permiso al Congreso para aumentar el límite de endeudamiento en más de 30%.
Una de las mayores apuestas de Kast es su llamado Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, un proyecto de ley que incluye una serie de medidas económicas, tributarias, y laborales cuya aprobación ahora está en manos del Senado.
Dentro de esa megarreforma hay un controvertido paquete tributario que incluye, entre otras cosas, una reducción al impuesto que pagan las utilidades de una empresa desde un 27% a un 23% de manera gradual.
Y es en esa rebaja y en sus consecuencias recaudatorias en las que nos vamos a centrar en este artículo.
El debate sobre el recorte de impuestos
Una disminución de impuestos supone menos ingresos a las arcas fiscales en un momento en que hay escasez de recursos. Sin embargo, el gobierno argumenta que la rebaja será un incentivo para que las compañías inviertan más, generen empleos y se genere una expansión económica.
«Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir», dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al justificar el descenso de tributación de las empresas. «El problema no es recaudar más, sino crecer».
Un argumento similar defendió el presidente de EE.UU., Donald Trump cuando bajó el impuesto federal que pagan las empresas de 35% a 21% en 2017.
¿Aumentó el crecimiento económico? Eso sigue siendo objeto de debate. La respuesta es sí o no, según la visión del economista al que se le pregunte, porque en estos asuntos no existe una respuesta 100% técnica.
Si así fuera, bastaría con analizar los ejemplos de países donde se han recortado impuestos corporativos y determinar si aumentó el crecimiento exclusivamente por la rebaja tributaria.
De todos modos, se han publicado algunos estudios que analizaron si las empresas beneficiadas con la rebaja tributaria reinvirtieron sus fondos en actividades productivas que crean empleo y empujan el crecimiento.
La evidencia arrojó que una parte significativa de las ganancias que obtuvieron las empresas en EE.UU. con la rebaja impositiva de Trump fue destinada a la «recompra de acciones» (stock buybacks, en inglés), un mecanismo que benefició directamente a los accionistas y los altos ejecutivos.
En Chile, los detractores del recorte al impuesto corporativo -junto a otras medidas tributarias que benefician a las grandes empresas- aseguran que tendrá efectos sociales negativos, generará una caída permanente de la recaudación y una concentración de los beneficios en las grandes empresas.
Plantean, además, serias dudas sobre cuánto realmente aumentaría la inversión y el empleo.
La economista Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, argumenta que la propuesta «es cara, con costos claros y beneficios inciertos».
Va a generar una pérdida de recursos fiscales, le dice a BBC Mundo, porque «la recaudación no se recupera con el propio crecimiento».
Los recortes del gasto que busca hacer el gobierno para financiar el déficit, precisa, «arriesgan quitar recursos a programas que tienen valor para la ciudadanía».
El aumento de la deuda y el déficit fiscal son cuestiones que preocupan a expertos que han manejado las finanzas públicas en el pasado.
El exministro de Hacienda de Chile durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, desestima la postura oficialista.
«Esa película la hemos visto tantas veces», dijo en una entrevista con un medio chileno.
«El presidente Reagan en Estados Unidos, en la década de los años 80, inventó esa tesis de bajar los impuestos y que el déficit se achicaría. ¿Y qué pasó? El déficit se agrandó y la deuda se fue a las nubes», dijo Velasco.
Aunque lo que más suena es la reducción tributaria, la propuesta del gobierno va mucho más allá.
Busca integrar completamente los impuestos que pagan las empresas con los impuestos que pagan sus dueños. Este sistema integrado permitiría que los propietarios usen el 100% del impuesto pagado por su compañía como un crédito cuando pagan sus impuestos personales.
Además, incluye la creación de una invariabilidad tributaria por 25 años para los proyectos de inversión sobre los US$50 millones, exenciones al impuesto de propiedad, un incentivo temporal para repatriación de capitales y un crédito tributario a la contratación laboral.
La megarreforma de Kast propone además, una batería de medidas contra regulaciones consideradas como «trabas» a los permisos de inversión, algo que en Chile se conoce como «la permisología».
En muchos casos, la eliminación de aquellas regulaciones es tan importante para el empresariado como la rebaja tributaria.
La comparación con el resto del mundo
Al anunciar la megarreforma el 15 de abril, Kast defendió la reducción del impuesto a las empresas haciendo una comparación con los 38 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, entre los que está Chile.
«Las malas decisiones tienen consecuencias. Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile los subió del 15% al 27% en ese mismo período», dijo el presidente.
Aunque los datos no son precisos para la OCDE (el promedio bajó de 32% a 24%) la tendencia es verdadera: la OCDE bajó los impuestos y Chile los subió.
Pero… ¿qué matices hay detrás de esta comparación?
- La tasa legal de los países que publica la OCDE combina el impuesto fijado por el gobierno central y los gobiernos locales (estados, ciudades, municipios). Por esa razón, la tasa corporativa de EE.UU. es 27% (porque suma el 21% federal con una media de impuestos locales).
- La misma combinación de impuestos a nivel nacional y local ubica a Alemania con un 29,9% o Japón con un 29,7%.
- El promedio de la OCDE no deja de ser un promedio. Hay países como Australia con un 30% o Nueva Zelanda con un 28%, mientras que en el otro extremo están Hungría con un 9%, o Irlanda con un 12,5%.
Economistas partidarios de la propuesta oficialista suelen citar Irlanda o Estonia como países ejemplares en sus diseños impositivos.
«Me parece que el sistema más eficiente es el de Estonia», dice la economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes.
Una de sus virtudes, afirma, es que tiene una «tasa plana» de impuestos corporativos, donde todas las empresas -sean éstas pequeñas o grandes- pagan el mismo gravamen.
El modelo estonio es uno de los más inusuales del mundo. En el país báltico, las utilidades (beneficios o ganancias) de las empresas solo pagan tributos cuando se distribuyen entre los dueños. Y cuando eso ocurre, el accionista normalmente no paga otro impuesto personal sobre esas ganancias.
En ese sentido, funciona como un sistema integrado entre los impuestos que paga la empresa y los impuestos que pagan los dueños.
Son muy pocos los países con un sistema integrado. En la OCDE lo tienen, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y, en gran medida Canadá.
La trampa de los rankings
Con sistemas tan diferentes, comparar el modelo chileno con otros es muy difícil.
Y resultan aún más confusos los ránkings que solo toman en cuenta la tasa que establecen las leyes en el papel (llamada Statutory Tax Rate, en inglés).
Esta tasa no incluye deducciones, créditos, exenciones o incentivos: por lo tanto, no refleja lo que de verdad pagan las empresas en impuestos.
Comparar los sistemas de impuestos corporativos basándose únicamente en esa tasa, «no arrojaría un resultado metodológicamente sólido», advierte Kurt Van Dender, jefe de la División de Política Fiscal y Estadísticas del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
«Puede llevar a conclusiones confusas», explica en diálogo con BBC Mundo.
Al hacer comparaciones entre países, los análisis internacionales consideran muchos otros factores más allá de la tasa impositiva,
Para tener una fotografía más completa, los expertos como Van Dender le prestan atención a la tasa efectiva, es decir, los impuestos que realmente pagan las empresas después de todos los descuentos a los que pueden acogerse.
Esa tasa «real», por decirlo de una manera simple, se llama técnicamente tasa efectiva promedio, Effective Average Tax Rate en inglés.
En la OCDE el promedio es de un 20,5%, mientras que la tasa efectiva que paga Chile es de un 23%, según el informe Corporate Tax Statistics 2025.
Pero en el caso chileno, la comparación resulta mucho más compleja porque el sistema de impuestos corporativos y el de impuestos personales están sólo parcialmente integrados.
«Peras con manzanas»
«La tasa corporativa es solo uno de los múltiples elementos de un sistema tributario que afecta la decisión de invertir», advierte Damián Vergara, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Michigan.
«Cuando uno solo mira la tasa, está comparando peras con manzanas, sobre todo considerando el hecho de que Chile no tiene impuestos locales y tiene un nivel más alto de integración en su sistema impositivo que la mayoría de los países de la OCDE», le dice a BBC Mundo.
En ese sentido, la comparación internacional puede resultar «engañosa».
Sobre la propuesta del gobierno, Vergara afirma que ve en ella algunos riesgos, como la caída de la recaudación y un potencial aumento de la desigualdad porque, si se aprueba, «los más beneficiados serían aquellas personas que están en la parte alta de la distribución de ingresos».
Por el otro lado, la potencial ventaja es que se produzca un efecto positivo en la inversión que podría traducirse en más empleos y mejores salarios, pero esta ventaja «es más incierta» dadas las complejidades del sistema tributario chileno y el tipo de empresas que eventualmente se beneficiarían, añade.
Mientras en el Senado chileno continúa un intenso debate para aprobar la megarreforma (el partido de Kast no tiene mayoría, por lo que debe negociar), el Consejo Fiscal Autónomo, un organismo público, independiente y de carácter técnico, argumentó que el proyecto podría «afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Si no se materializan los mayores ingresos fiscales proyectados a través del crecimiento económico, agregó, el país podría enfrentar un escenario de mayor deterioro fiscal.
BBC News Mundo