La deuda sería por retenciones en el impuesto ISR que el gobierno estatal no le dio a la federación.
Monterrey.- El gobierno de Nuevo León enfrenta un crédito fiscal de 6 mil 292 millones de pesos, luego de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la validez de la deuda reclamada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El crédito corresponde a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, de acuerdo con la autoridad fiscal, el gobierno estatal no entregó al gobierno federal.
La resolución modifica el escenario que había quedado abierto en junio, cuando los magistrados rechazaron un primer proyecto que planteaba cancelar completamente el crédito. En aquella sesión, cinco de los 11 integrantes de la Sala Superior se habían pronunciado por una resolución favorable para Nuevo León.
De ese grupo, dos magistrados respaldaban la nulidad del crédito, mientras otros tres planteaban que el SAT repusiera parte del procedimiento de fiscalización.
Para la sesión de este miércoles, el magistrado Julián Olivas, quien había elaborado el proyecto para cancelar la deuda, presentó una nueva propuesta en sentido contrario y planteó reconocer la validez del crédito fiscal
El proyecto fue aprobado sin intervenciones de los magistrados, salvo la participación del presidente del TFJA, José Ramón Amieva, quien destacó la necesidad de que las sentencias sean exhaustivas y congruentes.
«En este asunto en particular resultaba importante que las consideraciones del proyecto permitiesen advertir con claridad las razones jurídicas por las que los argumentos de la parte actora no resultan suficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, y consecuentemente, por qué es procedente reconocer su validez», dijo.
Uno de los principales argumentos de Nuevo León estaba relacionado con el procedimiento utilizado por el SAT para determinar el crédito. El Estado sostuvo que la autoridad fiscal emitió el acta final mientras permanecía en trámite un amparo promovido para controvertir la fiscalización.
El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación establece supuestos para suspender los plazos de las revisiones fiscales cuando un contribuyente promueve algún medio de defensa.
Sin embargo, el tribunal consideró que el SAT podía continuar con la fiscalización, debido a que un juez federal había negado al Estado la suspensión de los actos reclamados y posteriormente Nuevo León desistió del amparo.
Con la sentencia aprobada, los argumentos presentados por el gobierno estatal para controvertir la deuda fueron desestimados.
El fallo, sin embargo, todavía puede ser impugnado. Nuevo León tiene la posibilidad de promover un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito y, eventualmente, buscar que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El expediente llega a esta resolución después de varios meses de litigio. El pasado 29 de junio, el TFJA rechazó el proyecto que proponía anular el crédito y ordenó que se elaborara una nueva propuesta, dejando abiertas tres posibilidades: cancelar la deuda, reponer parte del procedimiento o confirmar el crédito.
El gobierno federal mantiene una postura de vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los gobiernos estatales.
El 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que esperaba que la resolución del tribunal se apegara a la ley, luego de ser cuestionada sobre el cabildeo del gobierno de Nuevo León ante los magistrados.
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