Pescadores mayo-yoreme litigan ante la CIDH contra la planta de amoniaco de GPO en Ohuira, mientras el gobierno federal mantiene su respaldo al proyecto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Han pasado más de cinco meses desde que indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ciudadanos en general de Topolobampo, Los Mochis y las comunidades indígenas que rodean la bahía de Ohuira, del norte de Sinaloa decidieron bloquear los accesos a la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo Proman, que cuenta con financiamiento del banco alemán KfW IPEX.
Agrupados en el colectivo ¡Aquí No!, surgido en 2015, cientos de ciudadanos instalados las 24 horas del día en el plantón, en plena carretera Los Mochis-Topolobampo, han soportado temperaturas de al menos 49 grados, dos ciclones y decenas de “toritos” o pequeños remolinos que en más de una ocasión se han llevado carpas y enseres que permitían hacer llevadera la movilización, “ya no por el territorio, sino por la vida”.
“La posición es: no queremos petroquímica en nuestra bahía porque nosotros tenemos derecho a vivir. No estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo la vida, pero no sólo la vida en físico, sino la vida espiritual, la vida en la cosmogonía, pero también la vida económica de las comunidades”, sostiene Claudia Susana Quintero Sandoval, una de las voceras indígenas del colectivo.
Claudia, a quién le han apodado “La Comandanta”, junto con Melina Maldonado Sandoval, otra de las voceras de ¡Aquí No!, comparten con Proceso un balance de los casi 160 días de plantón, que se suman a los 13 años de lucha que ellas, junto con otros líderes indígenas como Felipe Montaño e Irene Díaz, han sostenido para defender la bahía de Ohuira, un sitio no sólo de pesca, sino que es reconocido ancestralmente como un lugar sagrado para los mayo-yoremes.
Ambas reconocen que el movimiento y ellas mismas han sido blanco de campañas desprestigio en medios locales de comunicación, como parte de los intentos de dividir a las comunidades que apoyan el movimiento, pero también riesgos mayores, como la exposición a explosiones causadas por una empresa vinculada a GPO, Pro Casa, que constantemente dinamita el cerro cercano al campamento.
“Nos hemos enfrentado a amenazas en ese lugar”, denuncia Melina; señala que al campamento han llegado desconocidos a advertirles que “si nos vamos a dormir puede pasar cualquier otra cosa”.
A las amenazas veladas, se han enfrentado a la intimidación: “Pasa el Ejército y nos toma fotos; pasa la policía municipal y nos toma fotos; la Guardia Nacional y nos toma fotos; nos sobrevuelan drones, no sabemos de quiénes son los drones, grandes, chicos, medianos, a cualquier hora.
“Hacemos reuniones informativas para la gente y de repente miramos la visita del dron que anda volando escuchando lo que estamos hablando”, agrega.
Ambas reconocen que gracias a la movilización social iniciada el 30 de mayo pasado, tras la llegada de un impresionante equipo, semejante a un “reactor nuclear”, para la instalación de la planta que pretende producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, las autoridades federales voltearon a ver el problema y los obligó a sentarse a la mesa con miembros del colectivo, del 10 al 22 de julio, sin que se llegara a acuerdos.
“Estuvimos con la empresa, pero al final de cuentas nuestra posición no ha cambiado; estamos esperando los estudios de línea base para poder determinar nuestra posición, que siempre ha sido aquí no a la petroquímica”, dice Claudia. Los estudios los están realizando científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El caso ante la CIDH
Pese a que están convencidas de que los resultados científicos confirmarán lo que las comunidades indígenas y pescadoras han denunciado desde hace 13 años, la inviabilidad de instalar una planta de amoniaco en un sitio catalogado internacionalmente como Ramsar 2025, por su valor ambiental, hogar de cientos de especies marinas y fuente de empleo de al menos tres mil pescadores, el colectivo decidió ir un paso más adelante y litigar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como resultado de la movilización y el acercamiento de otros grupos indígenas solidarios, así como de organizaciones sociales, en septiembre último pescadores de la bahía de Ohuira acompañados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace presentaron una petición ante la CIDH.
En el documento, del que Proceso tiene copia, los peticionarios incluyeron como uno de los elementos de prueba de los agravios el reportaje “La resistencia de un pueblo indígena contra una empresa financiada por Europa”, publicado por este medio en el formato impreso y en video en septiembre de 2025, que documenta la lucha de los mayo-yoreme en defensa de la bahía de Ohuira.
De acuerdo al documento, la imposición de la construcción de la planta de amoniaco a cargo de GPO ha violado los artículos 1, 2, 13, 21, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), así como disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, así como del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe “Acuerdo de Escazú”, del que México, irónicamente, fue un impulsor fundamental.
La petición de intervención de la CIDH establece que contra los pueblos indígenas pescadores se habrían violado sus derechos al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas; a la protección judicial, a un medio ambiente sano, aunado que se vulneró el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho a la justicia en asuntos ambientales, ambos reconocidos en el “Acuerdo de Escazú”.
Aunque el proyecto se presentó en 2013, las comunidades indígenas y pescadoras han litigado contra él desde el principio, con más intensidad desde que en 2022, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ampararon contra la aprobación el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA-Semarnat).
De acuerdo a un documento emitido por el Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, de fecha 26 de noviembre de 2024, obtenido por esta reportera, una resolución técnica consideró “no procedente” otorgar a GPO un título de concesión para descarga “de aguas residuales de su proceso industrial, consistente en sistema de enfriamiento, sistema desmineralizado, sistema de desalación, con un gasto promedio de descarga de 26 mil 400 metros cúbicos/día operando las 24 horas del día, los 365 días del año, resultando con ello un volumen de descarga nueve millones 636 mil metros cúbicos/año y cuyo cuerpo receptor es la Bahía de Ohuira”.
Al litigio internacional se suman denuncias ciudadanas interpuestas ante autoridades federales sin que se les haya dado respuesta generando preocupación en el estado por el conflicto socioambiental no sólo por el caso de GPO sino por otros megaproyectos que también están considerados en la zona.
El 27 de octubre último la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (Redca) denunció en un pronunciamiento “la persistencia de opacidad en los procesos administrativos y la posible violación a los derechos humanos de las comunidades” , al no haber conclusiones de carpetas de investigación iniciadas en 2018 y 2019 por pescadores ante la delegación de la Procuraduría General de la República (ahora FGR) relacionadas “con presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos que son bienes nacionales ubicados en el bosque de manglar de la bahía de Ohuira y en la zona federal marítimo terrestre”.
Los firmantes advirtieron que tampoco hay respuesta a la denuncia popular interpuesta en 2023 ante la Profepa, por “la presunta ocupación de terrenos federales para la planta de amoniaco sin la concesión correspondiente”, a lo que se suma la suspensión de inspecciones de esa dependencia por un amparo que interpuso GPO para evitar la revisión, litigio en el que no fueron consideradas las comunidades indígenas.
La Redca advirtió “la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Ahome”, municipio donde se encuentra Ohuira, lo que “ha generado un vacío en la normatividad que orienta los usos del territorio con base en criterios ecológicos y procesos de participación social, impulsando proyectos productivos en un contexto de incertidumbre económica y perjuicio a nuestros ecosistemas naturales”.
Los pendientes descritos por los activistas sinaloenses chocan con la consideración del secretario de Economía, Marcelo Ebrad, quien el 16 de octubre en la glosa el informe de gobierno ante la Cámara de Diputados anunció la continuación de los esfuerzos para concretar la construcción de la planta de amoniaco de GPO, presentada por el gobierno federal como planta de fertilizante.
“Le hemos invertido mucho tiempo al polo de desarrollo de Topolobampo y vamos a seguir adelante para lograr las inversiones que pensamos que son favorables (…) para aumentar nuestra capacidad de producción de fertilizantes, entre otras cosas”, dijo el funcionario federal.
Claudia Quintero, por su cuenta, concluye: “A la presidenta Claudia Sheinbaum no tengo ya nada que decirle, sería como hablarle a un palo, ella está convencida de que eso va, pese a que sabe lo que estamos sufriendo el pueblo mayo-yoreme”.
Proceso