Alonso Del Val Echeverría solicitó a la Procuraduría de la Ciudad de México acogerse al “criterio de oportunidad”, en donde acepta ser testigo protegido a cambio de dar información y que se cancele la orden de aprehensión en su contra.
Del Val Echeverría está implicado en el presunto fraude por 750 millones de pesos contra los inversionistas de la empresa “Integradora de Servicios Petroleros, Oro Negro” y buscado por la Interpol.
Quien fuera director jurídico de Oro Negro, empresa declarada en quiebra en junio pasado, es uno de los cinco ex directivos de la empresa a los que la Interpol giro ficha roja en 194 países para su localización y detención, esto a petición de la Procuraduría de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante esto, el exdirectivo acudió a declarar a las autoridades con el fin de quedar absuelto de las acusaciones de administración fraudulenta y abuso de confianza.
Interpol emite ficha roja contra propietarios de la empresa petrolera Oro Negro
La Interpol emitió este martes una ficha roja contra Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así como contra otros propietarios de la empresa Oro Negro. Están acusados por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México por administración fraudulenta y abuso de confianza por más de 750 millones de pesos.
La orden de captura con fines de extradición, activa en los 194 países miembros de la Interpol, incluye, además de al propio Gil White, a José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echevarría y Miguel Ángel Villegas Vargas, quienes, se cree, se encuentran fuera de México.
Las autoridades mexicanas indican que el fraude se dio en mediante el uso ilegal del fideicomiso F71695, creado para cubrir las rentas de plataformas petroleras utilizadas por Oro Negro, pero cuyos recursos fueron utilizados para pagar el mantenimiento de sus instalaciones.
Ante esto, el pasado 17 de julio un juez de Ciudad de México ordenó la detención de Gil White y sus socios, a quienes acusó de abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio del resto de los inversionistas de la empresa.
Pese a que el delito por el que están acusados los socios no ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez aceptó las órdenes de captura tomando en cuenta los informes migratorios de los imputados, que señala que los directivos no se encuentran en el país desde hace un tiempo.
Con información de López-Dóriga Digital