La Auditoría Superior encontró que faltaba una gran cantidad de facturas y documentos que justificaban las erogaciones por diversos servicios, pero también por almacenes en mal estado, en los cuales se amontonaban mercancías caducadas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al sinnúmero de irregularidades ya detectadas en la gestión de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se suman nuevas evidencias de presunta corrupción en la institución creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de su sexenio, que suman otros 2 mil 346 millones de pesos por aclarar.
Durante los primeros tres años de la administración de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 15 mil 517 millones de pesos en Segalmex y sus organismos dependientes –Liconsa y Diconsa–, hasta que el año pasado renunciaron Ovalle y sus operadores, quienes fueron sustituidos por Leonel Cota Montaño.
A pesar de la magnitud de los casos de corrupción en Segalmex, que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el propio López Obrador reconoció en varias ocasiones, Ovalle ha sido reubicado en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde el exfuncionario del sexenio de Carlos Salinas de Gortari cobra un sueldo neto de 102 mil pesos, según el portal Nómina Transparente.
Una nueva serie de informes de la ASF, relativos a la Cuenta Pública 2021, revelan otras malas gestiones en Segalmex, Diconsa y Liconsa durante su gestión. A tal grado que el titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de Segalmex en 2021 indicó a los auditores que “no era posible tener la trazabilidad del control de los inventarios porque el inventario inicial de 2019 a 2020 no estaba documentado contable y físicamente, situación que prevaleció en el ejercicio 2021”.
Al revisar las cuentas de la institución, el despacho externo Salles Sainz Grant Thornton, S.C., “emitió una Denegación (abstención) de opinión” respecto a los estados financieros dictaminados de 2020 y 2021, debido a que los contadores de la dependencia habían registrado operaciones a mano que generaban “dudas razonables y reservas sobre la veracidad de la información financiera”.
De acuerdo con las nuevas auditorías publicadas hoy, la ASF encontró que faltaba una gran cantidad de facturas y documentos que justificaban las erogaciones por diversos servicios, pero también por almacenes en mal estado, en los cuales se amontonaban mercancías caducadas.
Así, al revisar las erogaciones de las partidas 2000 y 3000, referentes a los gastos en bienes y servicios, la ASF determinó un monto por aclarar de 777 millones 325 mil pesos –debido a la ausencia de justificativos y pagos en demasía–; esto es, poco más de la cuarta parte de los 2 mil 600 millones de pesos que gastó en este rubro.
Diconsa, por su parte, incurrió en irregularidades por mil 462 millones de pesos en los gastos de bienes y servicios derivados del programa de Abasto Rural, debido entre otros a la ausencia de documentación comprobatoria, incluyendo casos graves en los cuales reportó por 701 millones de pesos en mercancías en inventario, a pesar de que estas “no se encuentran físicamente en los almacenes de Diconsa, y no hay evidencia del derecho de cobro”.
En los años pasados, las autoridades han detectado otras operaciones irregulares en Segalmex, sobre todo en la compra ilegal de certificados bursátiles con fondos de la institución, operada entre otros por René Gavira Segreste, entonces director de Administración y Finanzas y quien fue vinculado a proceso en noviembre de 2022.
Ovalle fue a entregar su declaración ante la FGR en abril de 2022, semanas antes de ser removido de su cargo al frente de Segalmex. Ante las autoridades, afirmó que no podía reconocer su firma en el documento, porque los fiscales le enseñaban una copia, y no el original, donde la firma no aparecía “de manera nítida”.
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