En su edición 0028, correspondiente a octubre de 2025, Proceso publicó el reportaje “El Cártel de las auditorías: Usan en la ASF revisiones al gasto para negociar con gobiernos estatales”, donde se revela que una denuncia liga a Aureliano Hernández con auditorías chuecas.
El año pasado, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 62 contratos que el gobierno de Nuevo León de Samuel García Sepúlveda otorgó y pagó con recursos federales en 2023, los auditores determinaron un sinfín de irregularidades derivadas de la “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del cumplimiento del objeto de los contratos (…) que acredite la entrega de los bienes”. Por ello, el informe de auditoría presumió un “daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por 192 millones 334 mil pesos.
La misma ASF revisó otra muestra de contratos, ahora de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, otorgados por el gobierno de la morenista Margarita González Saravia Calderón, también en 2023. Los auditores recopilaron una gran cantidad de información (27 CD, un USB y anexos) y de nueva cuenta detectaron una “falta de información contractual (número de contrato, proveedor, RFC y partida, entre otros) (…) que acredite la contratación o que justifique los gastos diversos del total de las erogaciones”, por un monto aún mayor: mil 151 millones 242 mil pesos.
Sin embargo, en lugar de determinar un pliego de observación y de presumir un daño a la hacienda, el informe de la ASF sólo emitió una “solicitud de aclaración” mediante la cual invitó al gobierno de Morelos a aportar más información, una acción permitida en la normativa del ente fiscalizador, pero reservada para casos excepcionales.
En ambos asuntos, el gobierno estatal no pudo justificar que los bienes o servicios contratados –y pagados con recursos federales– fueron entregados, pero la ASF aplicó una normativa distinta entre ambos.
De acuerdo con una denuncia presentada por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) en el primer trimestre de este año, ese doble rasero derivó de una decisión de “ayudar” al gobierno de Morelos, que el director general de Gasto Federalizado “D”, Aureliano Hernández Palacios Cardel, instruyó a los auditores de su área.
Esta denuncia, en poder de Proceso, detalla las “graves irregularidades y prácticas opacas” del área de la ASF a cargo de Emilio Barriga Delgado, el Auditor Especial de Gasto Federalizado, que tiene la misión esencial de vigilar cómo los gobiernos estatales y municipales gastan los recursos federales.
El denunciante, que prefiere reservar su identidad, ofrece otros nueve casos en los que el equipo de Barriga tomó acciones distintas por irregularidades idénticas –advierte que “no son los únicos ni los más relevantes”– y señala que el grupo de Barriga negocia con los gobiernos locales para realizar auditorías a modo, en las cuales las irregularidades millonarias no derivan en “pliegos de observaciones”.
Es común que los enlaces o personal de (los estados y municipios) envíen únicamente la información que les conviene, argumentando que ya se llegó a un acuerdo previo con el maestro Emilio Barriga, el maestro Aureliano Hernández o el licenciado David Isaac Ortiz (secretario técnico del área)”, deplora la persona denunciante. “Esta práctica obliga a los auditores a justificar montos millonarios sin contar con los elementos necesarios para respaldar dichas decisiones, lo que les coloca en un estado de total indefensión y vulnerabilidad.
Explica que cuando un auditor se opone a los resultados que se pretenden justificar es estigmatizado como “poco institucional” e, incluso, lo amenazan con despidos, “argumentando que él es el corrupto”.
El denunciante añadió a su escrito más señalamientos sobre la presunta corrupción –sin dar más detalles– y sobre la contratación de personas sin experiencia, pero con “conexiones personales”, quienes arman expedientes deficientes y obligan a los auditores a trabajar a marchas forzadas para corregirlos.
La sombra de Monreal
De acuerdo con el alto funcionario de la ASF, la denuncia fue recibida por la UEC, el cuerpo técnico de la Cámara de Diputados que supervisa al ente fiscalizador, pero enseguida fue archivada.
Su testimonio coincide con los de otros exaltos funcionarios de la ASF, quienes denunciaron que, durante los más siete años de gestión de David Colmenares Páramo, el ente fiscalizador se ha convertido en…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0028 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
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