Este sábado 7 de marzo se reanudará la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal.
Monterrey.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Karina «N», secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey, por lo que permanecerá internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal mientras continúan las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.
La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este lunes, en la que también comparecieron otros tres imputados vinculados con el mismo expediente. Tras la diligencia, el abogado Walter de Ochoa, representante legal del senador Waldo Fernández, confirmó que el juez determinó imponer la prisión preventiva y que los acusados solicitaron la ampliación del plazo constitucional para que se defina su situación jurídica.
Ochoa explicó que todos los señalados pidieron que el término se extendiera a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo sábado 7 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el municipio de Cadereyta.
“Sí, efectivamente, la medida cautelar fue la prisión preventiva y todos los imputados solicitaron que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas. Vamos a tener otra audiencia el día sábado a las 11 de la mañana aquí en el Centro de Justicia Penal Federal. Se ordenó su internamiento en un centro de reinserción social”, informó el abogado.
En ese sentido, la funcionaria municipal permanecerá privada de la libertad mientras el juez determina si es vinculada o no a proceso por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.
Waldo Fernández relató que, al enterarse de una denuncia presentada en su contra, acudió personalmente ante la Fiscalía para verificar su existencia y señaló que no estaba debidamente ratificada ni se había identificado formalmente a quien la interpuso. Según explicó, la persona denunciante —quien presuntamente sería Karina Marlen “N”—no proporcionó datos reales, lo que dificultó su localización durante varios meses.
“Acudí a la fiscalía y pregunté: ‘Oye, me están diciendo que está este ilícito’, y no estaba ratificada la denuncia, en ningún momento se identificó la persona. Tan es así que batallaron las autoridades casi ocho meses en encontrarla porque falseó su edad en la declaración que da, falseó su estado civil y movió su fecha de nacimiento”, expresó Fernández.
El senador añadió que la indagatoria sigue en curso y que será importante conocer lo que declaren las tres personas detenidas, quienes decidieron reservarse su derecho a declarar durante esta primera etapa. Indicó que en los próximos días podrían surgir nuevos elementos o incluso más involucrados.
En relación con los delitos de los que se acusa a Karina “N”, Fernández sostuvo que existen inconsistencias evidentes en la denuncia presentada en su contra y afirmó que fue víctima de un intento de extorsión por parte de un abogado identificado como Gustavo García Rojo.
“La falsedad es evidente porque el delito no existe, porque me fabricaron un hecho, porque la persona no se identificó ante la fiscalía, cambió sus datos para que no la ubicaran. El abogado Gustavo García Rojo me quiso extorsionar y están los hechos ahí en la carpeta de investigación. Es una falta de respeto que la Fiscalía del Estado haya hecho esto”, manifestó.
Aunque no precisó el monto que presuntamente le fue exigido, aseguró que esa información ya forma parte de la carpeta de investigación.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en el exterior del Centro de Justicia Penal Federal se concentró un grupo de manifestantes que, portando pancartas y consignas, exigían la liberación de la funcionaria y expresaban su respaldo.
La detención de Karina “N” se llevó a cabo alrededor de las 15:45 horas de este domingo en el municipio de San Nicolás, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en su sede de Escobedo.
Tras los hechos, el gobierno de Monterrey emitió un comunicado en el que sostuvo que los acontecimientos serían ajenos a la actual administración municipal, además de reiterar su respeto al Estado de Derecho.
El Instituto Nacional Electoral informó también que, tras una consulta en el sistema de verificación de padrones, Barrón aparece con estatus “válido” como afiliada al Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León desde agosto de 2020, aclarando que la información es proporcionada por el propio partido.
Karina Barrón es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Fue diputada federal por el PRI de 2021 a 2024, representando al Distrito 10 de Nuevo León, y previamente se desempeñó como diputada en el Congreso local entre 2015 y 2021.
ABC Noticias