Mediante asesinatos e intimidación –incluidos levantones exprés–, el crimen organizado causó que aspirantes en todos los partidos dejaran la contienda electoral en Michoacán, mientras las autoridades no han podido garantizar la seguridad del proceso.
Las ejecuciones de Zavala y Pérez, ocurridas con horas de diferencia, se dieron en medio de una desbandada de aspirantes de varios partidos a diversos cargos de elección popular, luego de que dijeron haber recibido amenazas o sufrido levantones con la exigencia de que abandonaran el proceso.
Hasta el martes 5 de marzo pasado se había dado a conocer el retiro de al menos 19 precandidatos a presidencias municipales de los partidos Encuentro Solidario (PES), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), mientras que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que a 11 aspirantes se les ha asignado seguridad personal.
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, considera que el doble asesinato de Maravatío y la situación de amenazas contra aspirantes constituyen una señal de que sigue presente el fenómeno de la violencia en el ámbito electoral.
Añade: “Son riesgos que están ahí, latentes; lamentablemente los hemos tenido también en procesos anteriores y el actual no es la excepción; obviamente este panorama que no es favorable nos invita a trabajar, a coordinarnos y sumar esfuerzos todas las instituciones y actores involucrados para, en esa medida, tratar de generar mejores condiciones”.
En entrevista con Proceso, Hurtado Gómez reafirma que la situación no es nueva y que el Instituto Nacional Electoral ha identificado mayores riesgos, en términos de violencia, durante el periodo de definición de precandidaturas y candidaturas, pues “es una etapa sensible” que está enfocada más hacia los partidos.
En ese sentido, comenta, “hemos platicado con las representaciones de los partidos y les manifestamos nuestra disposición y compromiso institucional para que en cuanto detecten un riesgo con alguna precandidatura o candidatura nos lo informen para hacer las gestiones necesarias ante las instancias de seguridad y dotarles de la protección que puedan llegar a requerir”.
De acuerdo con el informe “Votar entre balas”, de la organización Data Cívica con apoyo del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el periodo de 2018 a enero de 2024 se registraron 92 actos de violencia político-criminal en Michoacán, de los que 38 ocurrieron en 2023, entre ellos asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Tanto en la entidad como en el país, apunta el documento, la violencia electoral “no está dirigida contra un partido político mayoritariamente, sino que se desata contra cualquier persona y partido que pueda poner en riesgo los acuerdos ilegales entre autoridades y crimen organizado”.
A juicio de Data Cívica, “en México la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios”.
Sin protocolos de seguridad
Días antes del asesinato de los dos precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, el dirigente estatal del PES, Eder López García, dio a conocer que seis aspirantes de su partido se bajaron de la contienda electoral en diversos municipios luego de ser amenazados o levantados de manera exprés, con la advertencia de que ya está definido el candidato.
Posteriormente, el presidente estatal de MC, Antonio Carreño Sosa, manifestó que también seis prospectos de ese partido se han retirado, dos antes del doble homicidio y cuatro después, además de que él mismo presentó una denuncia ante la FGE por amenazas en su calidad de precandidato a una diputación local.
En tanto, las dirigencias del PRI y del PRD informaron de las renuncias de cuatro y tres precandidatos de sus filas, respectivamente, además de que algunos más se encuentran amenazados.
Ante esta situación, representantes de la mayoría de los partidos de oposición exigieron a los gobiernos estatal y federal garantizar la seguridad y la tranquilidad del proceso electoral.
El secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, señaló que los atentados en Maravatío son la confirmación de lo que pasará en todas las regiones de Michoacán, donde los gobiernos morenistas han permitido la libre presencia de grupos delincuenciales.
En rueda de prensa, recordó que desde meses antes el blanquiazul advirtió sobre la necesidad de instalar una mesa de seguridad en la que participaran partidos políticos y los gobiernos federal y estatal, pero “la falta de sensibilidad de los gobiernos de Morena es cómplice en estos lamentables asesinatos”.
El líder de MC se sumó a la demanda de que el gobierno de Ramírez Bedolla instale una mesa de seguridad, al considerar que la mesa de gobernabilidad no es funcional para el tema de la inseguridad y violencia electoral.
A su vez, el dirigente del PRI, Guillermo Valencia Reyes, cuestionó la ausencia de protocolos adecuados de seguridad por parte de las autoridades electorales, por lo que anunció que su partido implementará sus propios mecanismos de análisis de riesgos para sus aspirantes a cargos de elección popular.
El gobernador Alfredo Ramírez, por su parte, reconoció que hay grupos de la delincuencia organizada que pretenden influir en la decisión de las candidaturas, con el propósito de controlar políticamente algunos municipios, por lo que invitó a los aspirantes que requieran seguridad a acercarse a su gobierno y les hizo un llamado a no buscar el apoyo de grupos criminales.
Dijo: “A los que aspiran a cargos de elección popular que no busquen, porque luego es vox populi que, para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso; no, porque terminan secuestrados, extorsionados, entonces que no busquen la salida errónea”.
El titular del IEM, Ignacio Hurtado, señala que el tema de la violencia electoral se ha abordado en la mesa de gobernabilidad, donde los partidos políticos han realizado algunos señalamientos y “lo que se está trabajando ahorita por parte de las instancias de seguridad es la configuración de un protocolo muy parecido al que se implementó a nivel federal”.
Sin embargo, aclara el funcionario electoral, “el hecho de que no exista en este momento el protocolo no es obstáculo para que, si se llega a presentar alguna solicitud, de inmediato el Instituto asuma un compromiso de gestionar la seguridad necesaria”.
Hurtado Gómez puntualiza que la violencia electoral no es un tema de ideologías o de posiciones políticas, pues “cada una de las instituciones tenemos un tramo de responsabilidad y es importante que nos mantengamos coordinados para evitar alguna situación que incida en el proceso electoral (…), tenemos que tratar de atender en el sentido de prever esta posible injerencia que se ve en los procesos y particularmente en el resultado de las elecciones”.
Proceso