Ricardo Tamez explicó que, como consultor externo del Congreso, tiene la obligación de informar cualquier hecho que pudiera constituir un delito o una irregularidad administrativa.
Monterrey.- Por presuntamente desempeñar de manera simultánea los cargos de consejero jurídico del Gobierno de Nuevo León y encargado de despacho de la Tesorería estatal, el asesor jurídico externo del Congreso, Ricardo Tamez, presentó ante la Oficialía de Partes una denuncia en contra de Ulises Carlín.
El abogado explicó que, como consultor externo del Congreso, tiene la obligación de informar cualquier hecho que pudiera constituir un delito o una irregularidad administrativa.
Por ello, aseguró, acudió al Poder Legislativo con 42 pruebas, entre ellas, 41 promociones presentadas por Carlín ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en carácter de consejero jurídico
Señaló que una de las actuaciones más recientes corresponde a una controversia constitucional promovida por el propio Carlín para defender su posición como encargado de despacho de la Tesorería, mientras que en otros expedientes aparece actuando como consejero jurídico.
Como ejemplo, mencionó una demanda promovida por el gobernador Samuel García en la que, con fecha del 24 de junio, se autoriza a Ulises Carlín para actuar en carácter de consejero jurídico.
El abogado sostuvo que esta situación podría contravenir el artículo 190 de la Constitución de Nuevo León, que establece restricciones para ejercer simultáneamente cargos remunerados.
“Se tendría que solicitar la suspensión de ambos cargos, tanto como consejero jurídico como de encargado de despacho; valga decir que existen los dos nombramientos.
“Aunque no ha llegado al Congreso, sabemos y acompañamos en la denuncia que se la vamos a compartir, que ante instituciones, como lo presumió el gobernador, que ya se le ha reconocido como tesorero del Estado, eso no es verdad”, dijo.
Tamez pidió que el Congreso dé vista tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al considerar que estos organismos cuentan con facultades para investigar las percepciones que ha recibido Carlín y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
ABC Noticias