Los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general -y entró a la discusión en lo particular- la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la que se establece parámetros, criterios y definiciones en los salarios de los funcionarios públicos.
Esta ley sustituye la aprobada en 2018 y que fue impugnada por funcionarios públicos.
El dictamen, aprobado por 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece que ningún servidor público recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.
Sin embargo, acata los principios constitucionales de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad, que demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En noviembre de 2018 la SCJN invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones en los que se fijaba el tope salarial de los funcionarios públicos timando en cuenta las percepciones del presidente de la República.
Por ello integrantes de la bancada de Morena, encabezados por el diputado Pablo Gómez, integraron una nueva reforma en el que se abroga la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y expide una con el mismo nombre.
En esta nueva ley se establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia por los diez grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado.
Además contempla el principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los límites y reglas constitucional.
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