El dictamen que plantea modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social fue enviado al Senado de la República para su análisis.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de cuidados, para impulsar políticas públicas, programas y acciones que garanticen el acceso a servicios a la población en situación de dependencia y garantizar los derechos de las personas cuidadoras.
Con 335 votos a favor y 1 abstención, las y los diputados aprobaron, entre otras cosas, incorporar el concepto de “Trabajo de Cuidados”, definido como las actividades que aseguran el sustento de la vida, lo que implica el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el sostenimiento de vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los miembros de las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos.
En este contexto, se indicó que las instituciones del Estado encargadas de atender, de manera directa o indirecta, asuntos públicos en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social deberán coordinar sus políticas, programas, estrategias y acciones a fin de promover que las personas en situación de vulnerabilidad que requieran de cuidados podrán recibirlos en su domicilio o en algún espacio designado por el Estado para brindar cuidados.
Asimismo, se estableció que las personas que realizan trabajos de cuidado puedan acceder a capacitaciones, certificaciones y seguridad social; que las licencias y permisos de maternidad y de paternidad ayuden a conciliar la vida laboral y familiar, para que la o el trabajador disponga de tiempo para dedicarse al cuidado de sus familiares hijas, hijos, madre, padre, persona adulta mayor, persona con discapacidad o persona enferma.
También se planteó que “la Política Nacional de Cuidados es parte integral de la Política Nacional de Desarrollo Social, y tiene por objetivo articular las políticas, programas, estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar el acceso el derecho al cuidado, y los derechos de las personas que realizan trabajos de cuidado”.
Por lo anterior, esta política deberá promover la responsabilidad compartida entre la familia, el sector privado, la sociedad civil y el Estado para que garantice el derecho al cuidado en condiciones de calidad e igualdad entre el hombre y la mujer.
Advierten falta de recursos
Durante la discusión de este dictamen, que fue enviado al Senado de la República para su análisis, la diputada María Teresa Madrigal Alaniz (PRD), destacó que este proyecto busque reconocer la labor de los cuidadores, pues en su mayoría son mujeres.
Y es que añadió que las mujeres invierten tres horas más en labores no remuneradas, como el cuidado de los niños y niñas así como su alimentación, no obstante, afirmó que el dictamen no conceptualiza la acción gubernamental ni contempla recursos presupuestarios.
En tanto, la diputada independiente, Susana Prieto Terrazas, advirtió que hay errores en el proceso legislativo de este dictamen, ya que, dijo, existen iniciativas sobre el tema que se encuentran “dormidas” en ambas Cámaras, por lo que preguntó que “si no se ha modificado la Constitución Política en materia de derechos de cuidado ¿Cómo se pretende modificar una ley secundaria cuando existe supremacía constitucional?”.
Además, mencionó que no se puede reformar la ley para establecer un monto presupuestario para remunerar a las personas que se dedican a la labor de cuidado cuando no se cuenta con un estudio de impacto presupuestario.
El Economista