A los gobernantes de los tres niveles de gobierno les quedan aproximadamente 10 meses para gestionar recursos y hacer obra pública de envergadura.
¿Por qué? Simple: informalmente el 2023 será el arranque de la maquinaria de la sucesión presidencial.
El propio presidente de la República ya no piensa un año antes de su sucesión en otra cosa que no sean impactos electorales. Todo opera en función del proceso que cambiará al Jefe del Ejecutivo en el 2024.
De ahí los cambios de gabinete, los reacomodos de subordinados y la entrada de nuevas fichas en razón de una estrategia electoral que comienza a desplegarse.
Esto me lleva a pensar que no sería mala idea (sobre todo ahora que se piensa hacer una nueva Constitución Política para el Estado de Nuevo León), que los alcaldes no tuvieran toda la libertad de quitar y poner subordinados a su antojo. Que el Cabildo tuviera más injerencia en los nombramientos del gabinete.
¿Por qué un Presidente municipal decide cada ascenso, remoción o enroque? Porque predomina entre nosotros el sistema electoral calcado de Estados Unidos donde el partido que gana los comicios (al menos así pasó plenamente hasta la década de los 80) ganaba todas las posiciones de poder: a esto se le conocía como “spoil-system”.
En realidad no había abuso en él; se trataba de una práctica legalmente reconocida. Una frase coloquial del noreste norteamericano explica el origen del término: “to the victor go the spoils” (“al vencedor va el botín”).
El “spoil-system” no era un abuso, pero sí se prestaba evidentemente a sospechas bien fundadas.
De manera que el sistema político de EUA lo abolió en 1983 mediante el Acta Pendleton, y lo sustituyó por un sistema meritorio para acceder y mantener cualquier cargo público.
En Monterrey, y en general en Nuevo León también existe un “spoil system”. Lo adopta cada gobernante para distribuir la mayoría de los cargos públicos.
Algunos gobernantes locales respetan los perfiles y méritos de sus subordinados. Otros, no.
Para éstos últimos se aplica la frase: “al vencedor va el botín”.
Y es que en la práctica, el vencedor en las urnas no solo nombra a sus colaboradores (cosa que está bien) sino incluso a los proveedores de su administración (cosa que está muy mal).
Cuando el gobernante decide al mismo tiempo quienes son los miembros de su equipo y sus proveedores, el gobierno se precipita al vacío.
Cada vez que estalla un escándalo, reporteros que hacen bien su oficio apuntan al domicilio fiscal de la “gran” empresa proveedora del gobierno: fachada fantasma de una casita de interés social, evidentemente deshabitada.
Las fachadas son indistintas: derruidas, populares y fantasmas.
Una especulación: ¿Por qué no se elige un proveedor bien constituido? Simple: porque a la corrupción se suma la impunidad, sinónimo de desvergüenza.
Una empresa con antigüedad, una empresa de verdad, no se presta a irregularidades, o el margen de ganancia para el gobernante no será jugoso.
Por eso el “spoil system” local prefiere las fachadas fantasmas.