Mandatario estatal de 2011 a 2016, Roberto Borge Angulo fue declarado como jefe de una red criminal que dilapidó el patrimonio inmobiliario de Quintana Roo. Los señalamientos en su contra son por un daño calculado en 900 millones de pesos.
PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo (Proceso).– Actualmente en una cárcel de Morelos, el exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo fue declarado líder de una banda criminal. Esa resolución perfila al priista a enfrentar hasta 40 años de prisión, tras dilapidar patrimonio inmobiliario estatal con una afectación al erario de Quintana Roo por más de 900 millones de pesos.
El exmandatario fue detenido en junio de 2017 en Panamá, desde donde planeaba fugarse a Europa. Está acusado de diversos delitos como peculado y lavado, presuntamente cometidos dentro de la función pública cuando fue gobernador de 2011 a 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir una imputación dictada por un juez de control del Centro de Justicia Federal de Almoloya, Estado de México, que le impuso la calidad de un subalterno en la organización criminal que durante su mandato vendió 22 terrenos que eran propiedad del estado.
La red delincuencial se tejió entre exservidores públicos y familiares de Roberto Borge, que actuaron en su nombre y fueron prestanombres de empresas fantasma que compraron los terrenos a precios muy por debajo de su valor comercial real.
Algunos de esos inmuebles están situados en sitios privilegiados cerca de la playa en las zonas turísticas de Quintana Roo.
El Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, Morelos, dictó una nueva resolución que pone a Borge Angulo como líder de esta organización criminal, pues la FGR pudo acreditar que era el exmandatario estatal quien, desde su puesto de poder, dio las órdenes para enajenar 22 predios que representaron un quebranto al erario por 900 millones 99 mil 418 pesos.
Entre sus facultades tenía la de poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes del patrimonio de esa entidad federativa; incluso, precisamente, por su posición en la administración pública, tuvo acceso a información privilegiada, al conocer el Plan Estatal de Desarrollo, lo que lógicamente le permitía identificar dónde se harían las inversiones y desarrollos a futuro y tener conocimiento de desarrollos turísticos y hoteleros –se lee en la toca penal 269/2024, consultado por Proceso.
Riesgo de fuga
Con la reclasificación de su nueva situación legal, en caso de ser declarado culpable, Roberto Borge se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel, tal como lo establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra quienes dirijan estas organizaciones criminales, argumento que llevó la FGR ante los magistrados de Xochitepec.
La defensa de Roberto Borge buscaba desde hace más de un año que su cliente fuera trasladado a la cárcel de Cancún para enfrentar allá su proceso penal.
No obstante, el Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec determinó que debe continuar recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos (Ceferepsi).
Lo anterior, porque el internamiento del exgobernador en la cárcel de Cancún, de baja seguridad, favorecería al imputado para probablemente darse a la fuga.
Por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliado por internos para una evasión (…) también podría ser esta capacidad económica un riesgo propio para el imputado (…) ya que las terceras personas que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida del imputado –se agrega en la toca penal.
No sólo el exgobernador se encuentra implicado en esta dilapidación de bienes inmuebles. En los expedientes consultados figura Claudia Romanillos Villanueva, quien fuera directora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), pues se encargaba de firmar las escrituras a favor de terceros.
Sobre esta exfuncionaria se desconoce su paradero; sin embargo, ha promovido diversos juicios de amparo y otros de carácter administrativo para evitar ser detenida y anular responsabilidades como servidora pública.
En su número de agosto de 2024, Proceso dio a conocer que una de las beneficiadas con estos terrenos fue Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Julia Abdalá, de acuerdo con un folio real a su nombre consultado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, recibió un terreno en 2013 en la zona costera de Puerto Morelos, en plena Riviera Maya.
El valor de la operación por el terreno de 3.8 hectáreas fue a cero pesos, en un punto donde ahora se levantan villas turísticas.
El otro modo de operación, de acuerdo con el resolutivo judicial, era con prestanombres en favor del exmandatario estatal que constituyeron empresas fantasma, a las cuales vendieron diversos terrenos a precios sumamente bajos.
En sus argumentos para imputar a Borge ante el juez de control, la FGR atribuyó al exgobernador que colocara en puestos clave “a personas cercanas a su círculo familiar y social, lo que le permitió llevar a cabo esas enajenaciones ilícitas para beneficiar al grupo delictivo al que pertenece”, argumentó la FGR para imputar a Roberto Borge ante el juez de control.
En enero próximo se cumplirán ocho años del internamiento de Borge Angulo en el Ceferepsi de Ayala, Morelos.
En enero último, dos inmuebles en Cozumel que permanecían embargados desde 2018 fueron regresados al exgobernador, que aparece como copropietario.
Hace dos años se habló de la posibilidad de obtener el beneficio de prisión domiciliaria, situación en la que se encuentra otro exgobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por narcotráfico.
Pero con la resolución del Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos, se perfila que Borge enfrente su inminente enjuiciamiento desde prisión.
Proceso