Un convenio entre la administración estatal y la empresa Next Energy comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años
El Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California vinculó a proceso a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y senador de Morena, por delitos relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Actualmente, Bonilla Valdez se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo.
La audiencia inicial se llevó a cabo esta mañana, cuando un juez determinó imputación por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, en calidad de coautor y atribuyéndole dolo en las decisiones que derivaron en el contrato cuestionado.
El convenio entre la administración estatal y Next Energy comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que representaba un desembolso total de 35 mil millones de pesos, garantizados con aportaciones federales. Además, se registró una inversión estatal inicial de mil 300 millones de pesos como garantía para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica.
El expediente señala que, antes de la vinculación, Banca Firme realizó una primera quita relacionada con una obra que nunca se construyó, lo que añade un componente financiero relevante al caso. La revisión judicial busca determinar la responsabilidad del exmandatario en la ejecución y contratación del proyecto, así como los posibles efectos de su gestión sobre las finanzas estatales.
Determinarán medidas cautelares
La decisión del juez se produce en un contexto de seguimiento a contratos públicos y transparencia en proyectos energéticos, así como en el marco de sus funciones actuales en la política estatal.
Los delitos imputados reflejan la investigación de acciones durante su administración, enfocadas en el manejo de recursos públicos y la correcta aplicación de facultades gubernamentales.
El caso concentra atención mediática y política por la magnitud financiera del contrato y el impacto potencial sobre el presupuesto estatal y federal.