La Presidencia de la República impugnó una de las suspensiones provisionales que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por lo que un tribunal deberá determinar si confirma, revoca o modifica la protección de la justicia federal a un usuario para evitar que le cancelen su línea por no registrarla ni aportar datos biométricos.
El recurso de queja se interpuso contra la suspensión concedida a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín y corresponderá a un tribunal colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolver el recurso en las próximas horas.
El juez Gómez Fierro otorgó otras 28 suspensiones provisionales contra el padrón, con lo que suman hasta el momento 58 medidas cautelares a favor de particulares y asociaciones.
La senadora del PAN, Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, interpuso el 21 de abril pasado un juicio de amparo contra el padrón, pero su demanda aún no ha sido admitida a trámite.
El juez Gómez Fierro ha sido objeto de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de funcionarios como Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, quien lo acusó de “oficioso”, así como de “anteponer intereses de grupos por encima de los de la seguridad del país”.
El juez ha señalado en sus resoluciones contra la reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que “de un análisis preliminar” se desprende que las obligaciones que establece el padrón afectarían los derechos de los usuarios.
Apuntó también que el registro no necesariamente contribuirá a reducir delitos, pues no se observa relación entre el combate a la delincuencia, que es obligación de la autoridad, y la de aportar datos personales y biométricos como condición para que no se cancelen a ciudadanos líneas de telefonía móvil.
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