Para salir del problema se tendría que reconocer que la política implementada para adquirir fármacos e instrumentos médicos fue indebidamente diseñada e implementada; los pacientes son quienes pagan las consecuencias; ya hay demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 9 de febrero pasado, cinco padres de niños con cáncer tocaron a la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allá fueron a pedir las medicinas que en hospitales públicos de México les niegan, debido al desabasto de medicamentos, un problema que crece como bola de nieve, capa a capa y no se ve cómo pare, al menos en el corto plazo.
Primera capa: el fallido cambio de “paradigma” vía compras consolidadas
El problema inició el 24 de mayo de 2019, cuando el gobierno federal, en un documento de ocho párrafos comunicó que se implementaría un nuevo modelo de compras consolidadas, el cual se presentó como un nuevo “paradigma” y “transformación cultural” en cuanto a las adquisiciones públicas. La nueva política pública se estructuró con base en un diagnóstico realizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según el cual, “80% de las compras realizadas en la anterior administración se hicieron sin licitación pública y que existían más de 1,500 unidades compradoras”.
Incluso, se mencionó que, con la consolidación de compras, se buscaba una mayor participación por parte de diferentes proveedores y mayor transparencia en los procedimientos de contratación.
De acuerdo con un análisis realizado por las organizaciones de la sociedad civil Impunidad Cero y Justicia Justa, con la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se eliminó un modelo de compras consolidadas puesto en marcha desde 2013, mediante el cual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compraba medicamentos para sus unidades, así como para las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y las secretarías de la Defensa (Sedena) y Marina (Semar). Incluso, participaron los gobiernos de 22 estados. De acuerdo con el IMSS, entre 2013 y 2018 se lograron ahorros por 21,361 millones de pesos.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2019, según lo que ordena la Ley de Egresos de la Federación para ese año, todas las dependencias debieron sujetarse a la contratación consolidada.
A inicios de 2019 no hubo mayor problema, pues la demanda se enfrentó con las compras realizadas por el IMSS en 2018 con el aval del equipo de transición de López Obrador. El análisis denominado “Operación Desabasto”, realizado por Alejandro Melgoza y Denise Tron, de Impunidad Cero y Justicia Justa, expone que el proceso de licitación para las compras de medicamentos del segundo semestre de 2019 se culminó el 30 de junio de 2019. El problema fue que sólo se compraron 16 de los 36 fármacos necesarios para el tratamiento del cáncer en niños y adolescentes. Entre los faltantes estaban el metotrexato y la vincristina, que es un medicamento que se utiliza en los tratamientos de algunos tipos de leucemia.
El desabasto de metotrexato obligó al gobierno a una compra de emergencia en septiembre de 2019 a una farmacéutica francesa. Incluso compró a Laboratorios Mylan sin contar con un registro sanitario de la Cofepris. La bola de nieve comenzó a rodar…
Segunda capa: El veto a las distribuidoras y a Grupo Pisa
El 20 de marzo de 2019, el gobierno ordenó el veto de las tres principales distribuidoras de medicamentos en México: Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo. “De conformidad con la legalidad de la materia, se le impide la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas “hasta que sepamos a ciencia cierta si no hubo en estas operaciones, corrupción y tráfico de influencias”, dice el documento firmado por el presidente. El argumento fue que eran consideradas un monopolio.
Grufesa y Maypo interpusieron amparos ante los juzgados Décimo y Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y obtuvieron sentencias favorables.
En tanto, la Comisión Federal de Protección Sanitaria (Cofepris) ordenó la suspensión de la producción del metotrexato de los laboratorios Pisa, cuya distribuidora es Dimesa por el hallazgo de una bacteria en productos de suplementación alimenticia para tratamientos oncológicos y luego la sancionó por la falta de certificado para producir metotrexato.
Irene Tello Arista, directora Ejecutiva de Impunidad Cero, expuso que esta situación afectará prácticamente a todos los pacientes, debido a que el problema de distribución no está resuelto. Vetar a las tres principales distribuidoras de medicamentos traerá como consecuencia problemas, debido a que no se cuenta con la expertise en la logística, además de la experiencia en materia de mezclas de medicamentos de quimioterapia, por ejemplo.
Llamó la atención en que, al eliminar el sistema de compras consolidadas que venía madurando el IMSS, se perdió el conocimiento de funcionarios expertos en el tema. Al no tomarse las medidas necesarias, los procesos de compras inician tarde.
Destacó que, en realidad, lo que ocurría era que esas tres distribuidoras compraban a otras empresas y distribuían, por lo cual había tanta acaparación de mercado. Lo relevante, indicó, es que las medidas implementadas no se hicieron de manera adecuada y hoy se viven las consecuencias.
De acuerdo con Impunidad Cero y Justicia Justa, dos años después de que la SHCP obtuvo el control de las contrataciones públicas, esta cruzada se fue en picada y su costo lo pagaron los pacientes, debido a un desabasto de medicinas ocasionado por esta estrategia.
Lo que ocurrió fue falta de transparencia, incremento en las adjudicaciones directas, investigaciones de mercado incompletas, compras con defectos y retrasos en la publicación de las convocatorias que llevaron a cifras récord de claves desiertas.
Se pasó de 9,675 millones de pesos en contratos públicos adjudicados directamente en 2013 a 21,470 millones de pesos en 2019. En 2020 bajó a unos 7,965 millones de pesos. Complica la disponibilidad de medicamentos el hecho de que en diciembre de 2019 quedaron desiertas 1,923 claves de medicamentos, es decir, 62% no lograron comprarse, según un informe de la Comisión de Abasto de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. La bola seguía rodando cuesta abajo…
Tercera capa: las consecuencias las padecen los pacientes
Si bien las cifras reales del desabasto sólo las tienen las instituciones de salud y no las hacen públicas, existen indicadores que permiten darse una idea de la magnitud del problema.
Tal es el caso de las denuncias recabadas en la plataforma en línea cerodesabasto.org, impulsada por Nosotrxs y organizaciones como Fundar, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, entre otras.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, habían recibido más de 3,700 reportes. Durante los primeros ocho meses del año se observó un incremento sostenido en el número de denuncias, lo cual concuerda con los meses más álgidos de la pandemia de la Covid-19.
En 2019 recibieron 1,175, mientras que en 2020 fueron 2,556, es decir un incremento de 117 por ciento.
El IMSS pasó de 442 reportes en 2019 a 1,393, mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pasó de 165 a 250.
La mayor parte de reportes es por falta de medicamentos para tratamientos contra el cáncer, seguidos por diabetes e hipertensión. Los medicamentos que más reportan como inexistentes son insulina, losartán, ciclofosfamida, atorvastatina y quimioterapéuticos.
El mapeo de los casos señala que los estados donde hay más reportes son Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Juntas, esas entidades concentran 55% de las quejas.
Andrés Castañeda Prado, coordinador de Salud y Bienestar de Nosotrxs destacó que las tendencias de los reportes concuerdan con las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según el activista, los reportes reflejan que estamos ante un problema que se está aumentando. Tan solo en los reportes de falta de medicamentos para tratamientos de cáncer se registró un incremento de 410 por ciento. Llamó la atención que los reportes de desabasto se incrementan aun cuando, debido a la pandemia de la Covid-19, se están dejando de hacer diagnósticos. Tan solo la referencias por sospechas de cáncer en niños cayeron 63% entre 2019 y 2020, mientras que las atenciones por cáncer cervicouterino y cáncer de mama descendieron 20% en el mismo lapso. Pese a ello, el número de recetas no surtidas se ha incrementado, abundó. La bola no deja de rodar…
Cuarta capa; UNOPS y Birmex como la salida
El 31 de julio de 2020, el gobierno anunció la firma de un acuerdo entre la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Insabi, mediante el cual, el organismo internacional se encargará de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-2024.
El gobierno mexicano pagará 6,800 millones de dólares por el encargo. El anuncio se hizo incluso antes de que se realizara la reforma legal que lo permite. El proceso de licitación de medicamentos debió empezar en octubre de 2020, sin embargo, inició hasta el 4 de diciembre, por lo que la compra consolidada se concluirá hasta mayo de 2021. El problema que persiste es la distribución.
Una segunda salida planteada por el gobierno fue designar a la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para que realice la distribución de medicamentos en todo el país. Según Impunidad Cero y Justicia Justa, ese organismo no cuenta con una dirección encargada de la distribución. Únicamente cuenta con una dirección adjunta de comercialización, cuya cadena de distribución y almacenes se concentra en vacunas, sueros, inmunologlobulinas y productos de diagnóstico.
De acuerdo con la investigación denominada “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, la paraestatal es una de las instituciones públicas que más pagos realizó a las llamadas factureras que ascendieron a unos 213 millones de pesos en tan solo 17 meses.
Se trata de la segunda institución federal, tan solo por debajo del IMSS, que más recursos públicos pagó a empresas fantasmas.
Irene Tello Recalcó que Birmex no tiene la capacidad ni la logística necesaria para llevar a cabo la tarea que se le ha asignado, además de que tiene un pasado bastante corrupto y opaco.
Comentó que lo grave es que se tomó una decisión a rajatabla como cambiar el modelo de un día para otro sin tener planes alternativos. “Un modelo tan complejo que requiere tanto conocimiento y tanto personal altamente capacitado debió ser más cuidado. Construir una cadena de distribución de las dimensiones que se necesita es muy complejo y no se hace de la noche a la mañana”, dijo.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), destacó que la asignación de la adquisición de medicamentos a la UNOPS implicó que quedaran desiertas 12% de las claves de medicamentos, lo cual supera los márgenes que se tenían cuando licitaba el IMSS.
Además, ese porcentaje podría incrementarse ya que hoy no se conocen los criterios de asignación, pues esos se conocerán a finales de marzo, cuando se den los resultados de la licitación. Explicó que, a la fecha, no se tiene certeza de los criterios técnicos y administrativos y económicos que se tomarán en cuenta para la evaluación y la adjudicación de las ofertas. Lo grave es que eso se traducirá en un desabasto todavía mayor.
Destacó que se trata de un problema que se viene arrastrando desde 2019, cuando se truncó la licitación que se había hecho a finales de 2018 para 2019, lo cual fue un fracaso porque hubo alrededor de 60% de claves declaradas desiertas.
Luego, hubo una segunda licitación, organizada por la Oficialía Mayor de la SHCP, donde las claves desiertas para el abasto en ese momento para 2020 también presentó 36 por ciento.
Recordó que cuando las organizaba el IMSS el porcentaje de claves desiertas no superaba el 8 por ciento.
Ante lo que estamos es una falla de planeación, porque no se hizo con tiempo, lo cual se evidencia porque estando ya a mediados de febrero no se sabe qué se va a surtir y qué no de cerca de 900 claves para 2021. “Si bien nos va, el abasto comenzará a partir de mayo”, abundó.
Por otra parte, alertó que en las licitaciones ha habido una mínima respuesta en el mercado extranjero. Menos de 20% de las intenciones de venta provienen de empresas establecidas en el extranjero, principalmente de Brasil y Guatemala.
Recalcó que en México hay una industria farmacéutica robusta y altamente competitiva desde hace décadas.
La salida al problema es que finquen pedidos a las empresas mexicanas, aprovechando que México cuenta con la industria farmacéutica más importante de América Latina, indicó. El problema no se circunscribe a los medicamentos. Abarca también los dispositivos médicos.
Alejandro Paolini, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación y Dispositivos Médicos, dijo que venderle al gobierno ha sido todo un desafío. El experto refirió que uno de los problemas son los tiempos, debido a que se han ido demorando los procesos de licitación. Si bien nos va, mencionó, se pudieran estar firmando contratos en abril, con lo cual se estarían entregando, en el mejor de los casos, en mayo o junio.
Explicó que el mayor inconveniente es que no se aseguran cantidades, además de que UNOPS se reserva el derecho de comprar esos bienes de cualquier otro contratista con lo cual no tienen ninguna garantía de pedidos. Inclusive, para hacer más grave el asunto, en algunas claves son cantidades exorbitantes de intención de compra, pero no hay una cantidad mínima.
Quinta capa: los pacientes buscan la protección de la justicia dentro y fuera del país
El pasado nueve de febrero, cinco padres de niños con cáncer solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte medidas cautelares y requiera al gobierno mexicano proteja sus derechos a la salud y les provea de medicamentos que necesitan para cumplir con sus tratamientos, los cuales no les han sido proporcionados aún cuando han ganado amparos de instancias judiciales mexicanas.
Andrea Rocha, representante legal de los padres y los menores, explicó que recurrieron a esa instancia internacional, luego de agotar oficialmente todos los medios jurídicos que el Estado mexicano brinda. Dijo que la situación es urgente porque la amenaza es la muerte, de continuar con la falta de tratamiento y el daño es irreparable. La abogada mencionó que se espera que se soliciten medidas para más niños con cáncer que padecen el desabasto de medicamentos.
Explicó que previamente se habían ganado amparos ante juzgados de distrito y se habían presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República, entre ellas una contra la CNDH, a quien acusan de omisión ante más de 552 quejas presentadas y en ninguna ha habido un pronunciamiento en favor de los pacientes.
La abogada comentó que se han presentado más de 33 amparos ante juzgados en materia administrativa de la Ciudad de México, así como en los estados de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Quintana Roo, Morelos y Chihuahua. El problema sigue rodando como una bola de nieve…