Hace unos días se celebró el 105 aniversario de nuestra Carta Magna en Querétaro, cuna de este documento fundamental, tal cual lo registra la historia. Se dieron cita autoridades de todos los poderes de la Nación, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No faltaron los discursos rimbombantes con contenido lleno de miel democrática y proclamas incendiarias de libertad y justicia.
La ciudadanía oye, pero no escucha; ve, pero no comprende, ya que en nuestro entorno cotidiano, esas manifestaciones de respeto a la constitución no se dan y mucho menos se comprueban con hechos.
La Constitución ha sufrido más de 750 modificaciones desde 1917, según nos dice al abogado Julio Cesar Puente, litigante con amplia experiencia y miembro de Colegios y Barras de abogados.
EL MARCO JURÍDICO QUE RIGE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DE NUESTRO PAÍS ES “USADA” CONSTANTEMENTE PARA SATISFACER LOS CAPRICHOS DEL GOBERNANTE EN TURNO, PERO POCO ES APLICADA PARA SERVIR A LA COMUNIDAD NACIONAL.
La división de poderes está claramente definida en la Constitución federal y estatales: poder ejecutivo, poder legislativo y judicial; sin embargo, nos encontramos que varios funcionarios invaden funciones y responsabilidades de otros poderes, tal es el caso del Congreso de Nuevo León, donde violando procedimientos del poder judicial, en diciembre de 2020 nombraron a 4 magistrados a pesar de que estaba vigente un amparo. Al día de hoy, está pendiente la resolución de un Tribunal Colegiado. Puente Ledezma dice con firmeza: “no es un tema personal contra los magistrados nombrados, es un tema de principio jurídico y así es como lo estamos manejando”.
En otro caso reciente, el presidente López Obrador, después de haber asistido al aniversario de la Constitución y haber emitido elocuente discurso de respeto a la misma, olvidó muy pronto las cualidades jurídicas de la Carta Magna y, violando el Código Fiscal de la Federación, así como el articulo 16 constitucional en lo que se refiere al derecho humano a la protección de datos personales, hizo públicos los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola con el objeto de desprestigiarlo y minimizar el reportaje hecho contra su hijo José Ramon, donde describe la lujosa casa donde vive en Houston, Texas, así como el posible conflicto de intereses entre Pemex y la empresa petrolera donde colabora su esposa.