Si las secretarías de Estado absorben las funciones de entes como el INAI y el IFT, habrá riesgos en materia económica, administrativa y de derechos humanos, advierten los especialistas.
“Tú quieres invertir en telecomunicaciones, en un país donde el órgano regulador no es autónomo y puede haber mano negra, intereses políticos que dominen las decisiones de los reguladores, yo no quisiera poner ahí mi dinero”, comentó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, en entrevista.
Además de desincentivar la inversión, carecer de órganos autónomos representa el riesgo de que México enfrente controversias internacionales. La existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones en cada uno de los países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) está contemplada en el capítulo 18 de este acuerdo comercial.
Este capítulo indica que los entes reguladores en telecomunicaciones son necesarios en cada uno de los países, entre otros objetivos, para requerir interconexión a tarifas razonables; determinar condiciones no discriminatorias y transparentes para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones, además de imponer requisitos a un proveedor importante adicionales o diferentes a los que solicitan a otros proveedores, refiere el artículo 18.17.
“Muchas empresas podrían recurrir a los mecanismos que están en el Tratado y estar inconformes, decir; ‘cuando yo decidí mi inversión, había un órgano autónomo, y lo están eliminando, esto cambia las condiciones de inversión’, entonces puede llevar a disputas entre empresas de otros países que han invertido en estos mercados”, advirtió Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Contrapesos
Los órganos autónomos en México funcionan como contrapesos del poder del gobierno que coadyuvan en la garantía de los derechos humanos como el acceso a la información en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). “Imagina cuántos funcionarios se abstienen de no incurrir en actos de corrupción en los contratos por la amenaza que pueda representar que los periodistas tengan esa información a través del INAI”, explicó Campos.
Casos periodísticos como la Estafa Maestra, que develaron cientos de desvíos de dinero de las arcas públicas en la administración pasada, fueron en gran medida armados por solicitudes de Transparencia al INAI, también el de la Casa Blanca que mostró conflicto de interés entre el expresidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa, el contratista favorito del gobierno pasado.
Hay reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ven más por la competencia del mercado, por el beneficio de los consumidores. El IFT ha promovido la competencia entre empresas de telecomunicaciones para ofrecer tarifas más accesibles a los consumidores.
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